Vic informará a la policía de los 'sin papeles' que inscriba en el padrón

El Ayuntamiento de Vic dará parte desde ahora a la Delegación del Gobierno de los inmigrantes en situación irregular que inscriba en su padrón. La decisión llega después de la respuesta de Bruselas a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de CiU Ramon Tremosa planteada a raíz de la polémica que se suscitó a principios de año en Vic por la voluntad del Consistorio de no empadronar a inmigrantes sin papeles, que no llegó a ponerse en práctica. En su respuesta, la comisaria de Interior europea, Cecilia Malmström, advierte a España de que está obligada a evitar que nacionales de terceros países en situación irregular vivan en su territorio. En caso de tener conocimiento de ello, asegura Malmström, el Estado "no es libre de tolerar" esta situación sin iniciar los trámites de expulsión o regularización de la persona. Así lo recoge la directiva europea 2008/115/CE, que los Estados miembros deben adoptar antes del fin de 2010. El objetivo es reducir "zonas grises" que permitan la explotación de la persona irregular y mejorar la seguridad jurídica de las partes implicadas.

La respuesta de la comisaria fue inmediatamente interpretada por la cúpula de CiU como un espaldarazo a la posición del Ayuntamiento de Vic, cuyo alcalde es el democristiano Josep Maria Vila d'Abadal. Artur Mas subrayó que no se puede empadronar "sin más" a los inmigrantes sin papeles y, como comentario a la posicides de la Comisión, pidió una reflexión a los partidos que intentaron "crucificar" a CiU y al alcalde de Vic.

El Ministerio de Trabajo subrayó que la posición de la UE no tiene valor jurídico. La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, enfatizó que España no vulnera ni incumple ninguna norma comunitaria sobre extranjería y que ha transpuesto la directiva sobre inmigración ilegal de manera satisfactoria.

El portavoz de la comisaria de Asuntos Interiores, Michele Cercone, puntualizó ante la polémica que la Comisión "no se ha pronunciado" sobre la posibilidad de registrar a los sin papeles ni sobre las competencias en materia de inmigración de las diversas administraciones. Es decir, no entra en el fondo de la polémica creada en Vic. Sí insistió en que Bruselas exige que la situación de esos inmigrantes se clarifique cuanto antes. Por su parte, la Generalitat destaca que la posición de la comisaria no es comparable a una directiva o un documento oficial de la Comisión, y entiende que insta a los Estados miembros a actuar en el cumplimiento de las leyes de extranjería, pero no a los ayuntamientos.

El anuncio del Consistorio colocó la ciudad en el ojo del huracán y acarreó una agria disputa entre el equipo de gobierno local -CiU, el PSC y ERC- y altos cargos del Gobierno. La abogacía del Estado recordó a la corporación local que el control de la legalidad de un extranjero en territorio español escapa de sus competencias y, por lo tanto, estaba obligado a incorporarlo en el padrón fuese cual fuese su situación. Vic acató la orden sin compartirla.

Pese a las matizaciones, la respuesta europea supo a victoria en Vic. El alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal, se mostró satisfecho por lo que cree que es una "recuperación del buen nombre de la ciudad", después de lo que calificó de "linchamiento", y el "reconocimiento" de que trabajan "a favor de la integración y la convivencia, haciendo las cosas con sentido común". Además está convencido de que toda la polémica "va a cambiar la forma de hacer el padrón en España".