El fin del veto en Navantia costaría 975 millones

El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, alertó ayer de que el levantamiento del veto impuesto por el Ejecutivo comunitario a la construcción de buques civiles en el astillero gallego Navantia de Fene obligaría a devolver un total de 975 millones de euros de ayudas públicas ilegales. La razón consiste en que se incumplirían los términos del acuerdo que Bruselas pactó con el Gobierno español para autorizar la reestructuración del grupo Izar.

Almunia desveló que hasta ahora no ha recibido ninguna petición de España para levantar este veto, que está vigente hasta el año 2015. "La Comisión considera que una renegociación del acuerdo no modificaría la obligación de recuperar la ayuda estatal ilegal de 975 millones de euros concedida a Izar", explicó el responsable de competencia, en respuesta a una interpelación parlamentaria presentada por el eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.

En su pregunta, Junqueras denunciaba que la limitación a la construcción civil "no tiene sentido, y menos en este momento de crisis financiera, económica y energética". Así, explicó que cuenta "con unos activos de gran potencial desaprovechados en un territorio donde el sector naval ha sido clave para el desarrollo regional, y que tiene el valor añadido de la capacidad y conocimiento de los profesionales de este sector".