Los mineros peruanos abren el paso de la Panamericana

Miles de mineros dedicados a la extracción furtiva de oro levantaron ayer el bloqueo que mantienen desde el fin de semana pasado en la carretera Panamericana, al sur de Lima (Perú), a la espera de la reunión que mantendrán sus dirigentes con un alto representante del Gobierno de Alan García para hablar de sus exigencias ante una nueva legislación medioambiental que limita la actividad minera para intentar frenar la contaminación.

Los líderes de la protesta, que comenzó el domingo pasado y que derivó en graves disturbios con la policía que dejaron seis muertos, anunciaron que levantarán el bloqueo durante 48 horas para obtener así la promesa del Gobierno de que la nueva ley será enmendada en el Congreso para darles más tiempo para comenzar a pagar impuestos y modificar su forma de trabajo y así evitar la contaminación ambiental.

Inicialmente, el Gobierno de Lima había rechazado cambiar la ley, pero el presidente García suavizó el martes su posición bajo la fuerte presión de los partidos de oposición, que amenazaron con rechazarla.

Los mineros artesanales e informales iniciaron el paro en protesta contra el Decreto de Urgencia 012-2010, recientemente emitido por el Poder Ejecutivo, para poner límites a la actividad minera informal, que, según el ministro de Medio Ambiente, Antonio Brack, ya ha destrozado 18.000 hectáreas de bosques y causado enormes daños al medio ambiente.

Extracción de oro

Una de las regiones más afectadas es el departamento de Madre de Dios, en el sureste del país y considerada una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. Allí la explotación artesanal de oro ya ha causado grandes daños, tanto por la destrucción de bosques amazónicos como por la contaminación con mercurio de las aguas de los ríos.

Madre de Dios es responsable del 9,5% del oro que se extrae en Perú, el sexto productor de oro del mundo. En la región se producen 16 toneladas de oro al año, por un valor de cerca de 600 millones de dólares (unos 450 millones de euros).

Los mineros -que aseguran que lo que se quiere es desplazarlos para darle paso a grandes empresas- piden que se derogue de forma inmediata el decreto y que dimita el ministro de Medio Ambiente.