El Gobierno valenciano, entre el cohecho y el trato de favor

La operación judicial ordenada el 6 de febrero de 2009 por el juez Baltasar Garzón contra la trama Gürtel de corrupción masiva vinculada al PP frustró un gran negocio que preparaba Álvaro Pérez, El Bigotes, con la connivencia del Gobierno valenciano de Francisco Camps.

Se trataba de cobrar 20 millones de euros, a través de instituciones valencianas como la Feria, la Generalitat o la televisión autonómica, por organizar un año después los Grammy Latinos en Valencia, cuyo coste de producción estaba en torno a los 11 millones de euros. El Gobierno de Camps conoció y facilitó las gestiones de El Bigotes con los responsables de los Grammy, según prueba el sumario cuyo secreto levantó el pasado martes el juez Pedreira.

"Para hacerlo hay que contar con las instituciones, la tele, la Generalitat"

El director de la Feria a Pérez: "Les dije, estoy a disposición de este señor, tú"

La pieza de conversaciones grabadas a los dirigentes de la trama corrupta, correspondiente a los últimos días del mes de enero, previos a la detención de los cabecillas de la red, revela cómo el Ejecutivo valenciano dejó que El Bigotes negociase la celebración en sedes institucionales como la Feria y la Ciudad de las Artes y las Ciencias de los premios Grammy de 2010.

El Bigotes habló en diciembre de 2008 con Correa sobre el negocio y ambos se pusieron de acuerdo para que los representantes de los Grammy no se vieran con los dirigentes del Gobierno valenciano porque entonces podrían negociar directamente con ellos y perderían una comisión millonaria.

Por eso, cuando en enero El Bigotes se reunió con las personas que podían decidir celebrar los Grammy en Valencia tuvo esta conversación con Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat Valenciana:

Álvaro Pérez. "Oye, perfecto todo, estamos sentándonos a comer ahora con Pedro, con Alberto Catalá, con Carlos de Vargas y conmigo".

Rambla. "Sí".

Álvaro. "Están como dios, están cautivados, el presidente ejecutivo de los Grammys, el presidente mundial ya conoce Valencia como ciudad, porque ha venido varias veces con su familia, con su mujer y con sus hijos".

Rambla. "¿Estos en teoría esta tarde se van o cómo está eso?"

Álvaro. "Sí, se van esta tarde".

Rambla. "Entonces le digo eso al presidente y punto. Nosotros no hacemos nada más".

Álvaro. "Sí, sí, nada más, que yo llamaré esta noche al presidente".

Rambla. "¿Dónde les has llevado?"

Álvaro. "A la Ciudad de las Artes y las Ciencias y a la Feria de Valencia, vale, que son los dos sitios donde se va a desarrollar el grueso de todo, vale".

Rambla. "Vale, de acuerdo".

El Bigotes charla después con Carlos de Vargas, director general de la Feria de Valencia, que le facilita el trabajo para lograr el contrato de Grammy.

Carlos. "Tú me has oído al final un comentario: oye, yo estoy a disposición de este señor, que eras tú, que lo va a coordinar todo, que lo va a hacer todo y tal, con el fin de poderles hacer una oferta conjunta (...) Que tú les digas, yo tengo Feria de Valencia pero es que también tengo la Ciudad de las Ciencias".

La connivencia de los altos cargos del Gobierno valenciano no paró ahí. Para el negocio, El Bigotes contaba con la ayuda de Pedro García, director general de la televisión valenciana, que hablaba en estos términos con Álvaro Pérez sobre el negocio:

Pedro. "Yo he estado con Vicente [Rambla] y me ha preguntado (...) le dije que estamos en una primera fase y me dice, pero joder, eso va a costar mucha pasta y yo le dije, no lo sé Vicente, pero en cualquier caso, ahí lo que hay que hacer es contar con la colaboración de las instituciones, pues no sé, la tele, la Feria, la Generalitat, de tal manera que se pueda centrifugar..."

Álvaro. "Claro".

Pedro. "Pero es un castañón, hombre, y me dice, no, no desde luego y tal".

Álvaro. "Yo llamaré después al presidente y se lo diré".

Además de las pruebas de trato de favor que el sumario revela, en el Gobierno valenciano había más gente a la que la Fiscalía Anticorrupción consideraba autora de un delito de cohecho. A las imputaciones del presidente Francisco Camps y del entonces secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, por aceptar regalos de la trama corrupta en forma de trajes, hay que añadir a la actual presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, ex consejera de Turismo. La Fiscalía considera acreditado que recibió de la trama corrupta un reloj valorado en 2.400 euros y comprado en Joyerías Suárez en enero de 2006, cuando era consejera de Turismo. Unos días antes, su departamento había adjudicado el contrato para montar el pabellón valenciano en Fitur a Orange Market, la empresa que pagó el reloj de 2.400 euros. Anticorrupción sostiene en un escrito que se incluye en el sumario que el regalo se pudo haber hecho en función del cargo que ocupaba Martínez o por la realización de un acto relacionado con el ejercicio de su cargo, por lo que habría cometido un delito de cohecho. Sin embargo, Anticorrupción no solicitó su imputación porque el delito había prescrito seis meses antes.