La corrupción masiva deja un aluvión de pruebas contra Bárcenas, Camps y Aguirre

El sumario del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político que ha conocido la democracia, extiende sobre 200 tomos de documentación un aluvión de pruebas sobre la cooperación necesaria del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas; del Gobierno de Francisco Camps en Valencia y del Ejecutivo de Esperanza Aguirre en Madrid con la red de empresas que dirigía Francisco Correa.

Pese al aluvión de evidencias que ha destapado el sumario sobre las prácticas corruptas de la red Gürtel y de los distintos Gobiernos del PP, la formación de Mariano Rajoy decidió optar desde primera hora de la mañana de ayer, cuando era imposible haber leído los 291 tomos y 50.000 folios del sumario, por negar que hubiera nuevas pruebas y ratificar su confianza en Bárcenas, el ex tesorero del PP, al que no iba a suspender de militancia ni retirarle el pago de la defensa, único implicado con el que tienen esa deferencia.

El PP niega que haya nuevos datos y renueva su confianza en Luis Bárcenas

La investigación policial atribuye a Bárcenas "sin ningún género de dudas" el cobro de comisiones ilegales -casi 1,3 millones de euros- a cambio de su intermediación con gobernantes del PP para la adjudicación de contratos a favor de la trama corrupta o de empresas constructoras afines.

Bárcenas asegura, según consta en el sumario, que el millón de euros que su mujer tiene en un banco, pese a carecer de trabajo e ingresos propios, son consecuencia de una venta de acciones de Endesa en la que ganó ese dinero. Además, cuenta al juez que pidió un préstamo de 330.000 euros y retiró el dinero en billetes de 500 porque el vendedor de un cuadro quería cobrar en efectivo. Y que devolvió el dinero al banco porque, en el último momento, el vendedor del cuadro subió el precio y la operación se frustró.

Por otra parte, los peritos judiciales han elaborado un informe sobre la contratación en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre amañó cientos de contratos en los últimos años para beneficiar a las empresas de Francisco Correa, según ese informe. El ex consejero de Deportes Alberto López Viejo cobró comisiones ilegales por encargarse de que los contratos fueran para la red ilegal.

En Valencia, el sumario arroja cientos de folios con pruebas de la supuesta financiación ilegal a través de Orange Market, la empresa valenciana de la red Gürtel, que supuestamente cobró 6,3 millones en dinero negro no declarado a Hacienda y facilitó la financiación de actos del PP a través de cinco empresas privadas contratistas de la Administración valenciana.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de las cinco empresas que supuestamente financiaron ilegalmente al Partido Popular.

Además, el sumario recoge numerosas conversaciones telefónicas mantenidas por Álvaro Pérez, El Bigotes, con los principales dirigentes del Gobierno valenciano y del PP de esa comunidad. Además, Pérez charla con las mujeres del presidente valenciano, Francisco Camps; del vicepresidente, Vicente Rambla, y del ex vicepresidente Víctor Campos.

Las esposas de los principales dirigentes valencianos agradecen a El Bigotes los regalos que han recibido tanto ellas como sus hijos e hijas y le indican que son demasiado caros. Álvaro Pérez asegura que lo ha hecho porque las quiere mucho.

La empresa de Pérez logró 40 contratos a dedo de las distintas consejerías de la Comunidad Valenciana con el Gobierno de Francisco Camps, hasta que el juez Baltasar Garzón desarticuló la trama corrupta. Durante esos días, Pérez preparaba la llegada de los Grammy a Valencia, por lo que esperaba lograr una comisión millonaria. El vicepresidente Vicente Rambla estaba al tanto y avalaba todos los contactos, al igual que el presidente, Francisco Camps.

El sumario también revela una supuesta comisión millonaria pagada en torno a la adjudicación del contrato de limpieza del distrito de Moratalaz en Madrid. Según la investigación policial, Correa cobró 1,2 millones de euros de comisión por la adjudicación a la empresa Sufi del contrato de limpieza cuando el concejal del área en el Ayuntamiento de Madrid era Alberto López Viejo, al que Esperanza Aguirre repescó como candidato a la Comunidad de Madrid, le nombró viceconsejero de Presidencia y le encargó organizar todos sus actos institucionales, donde coló a las empresas de la trama corrupta.

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