Nuevos datos sobre la financiación ilegal

La Fiscalía Anticorrupción pidió hace meses al juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que citara en calidad de imputados a los principales directivos de cinco empresas que contratan con la Comunidad Valenciana y que, supuestamente, colaboraron en la financiación ilegal del PP en esa autonomía.

Un exhaustivo informe policial basado en escuchas telefónicas y en toda la documentación requisada en la sede de Orange Market acreditó la existencia de una trama de financiación ilegal en el corazón del PP valenciano.

Dicha trama facilitaba el pago en dinero negro del coste de los actos del partido. Hasta 6,3 millones opacos al fisco cobró Orange Market, la empresa de la trama corrupta que se encarga de los eventos del PP.

Además, Orange Market facilitaba que cinco empresas valencianas -Facsa, Lubasa, Sedesa, Piaf y Ortiz e Hijos- pagaran actos electorales del PP como si se tratara de servicios que prestaba la empresa de la trama corrupta a las cinco sociedades.

Pese a todas esas evidencias, el informe policial cayó en saco roto porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se negó a investigarlo primero y, tras la presentación de una denuncia por parte de los socialistas valencianos, rechazó hacerse cargo del caso, pese a constatar su gravedad, dado que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también lo estaba investigando.

Sin embargo, la investigación de este grave asunto apenas ha avanzado desde que se destapó. La fiscalía quiere imputar a cinco empresarios por la financiación del PP.

Un informe policial realizado en enero pasado a requerimiento del juez Pedreira, que consta en la parte del sumario que ayer se hizo pública, asegura que existen nuevos datos: "El análisis de la información intervenida a la organización de Francisco Correa se encuentra en curso y, por tanto, las informaciones aportadas en el informe no se agotan en los documentos expuestos, sino que pueden ser contempladas con nuevos datos derivados del examen del conjunto de documentos existentes, los cuales serán puestos de manifiesto a los órganos judiciales".