Muchas preguntas el primer día de las agencias de licencias

El Ayuntamiento de Madrid se deshace de la tramitación de licencias de actividad comercial y deja este trabajo y sus ingresos en manos de negocios privados. Siete empresas cumplen desde ayer la función que antes realizaban las Juntas de Distrito y la Concejalía de Urbanismo: comprobar que las actividades se ajusten al ordenamiento municipal. Se denominan Eclu (Entidades Colaboradoras en la gestión de Licencias Urbanísticas). La decisión se adopta dos años y medio después de que estallase el caso Guateque, una trama de corrupción en la que, presuntamente, los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid cobraban bajo cuerda por acelerar el papeleo.

El Consistorio aduce que el cambio "hará que los expedientes se resuelvan más aprisa y aumente así la actividad empresarial", según expuso una portavoz de Hacienda, que detalló que en 2009 se recibieron casi 8.000 solicitudes de licencias de actividades y se dejaron sin cursar unas 3.000. "Entre los plazos de notificación y los acuses de recibo se alargaba el proceso y se incumplían los plazos", argumentó. Por los trámites cumplidos se ingresaron un millón y medio de euros en los fondos públicos. A partir de ahora ese dinero se esfumará en tributo, supuestamente, de una eficiencia mayor. El Ayuntamiento se reserva el control de los trámites de licencias residenciales.

El año pasado se quedaron sin tramitar 3.000 solicitudes

En los negocios que certificarán las solicitudes de empresas, que pronto serán cerca de 20, según Hacienda, hubo ayer más dudas a resolver que papeleo que encauzar. "Hemos tenido unas 40 personas preguntando cosas en la oficina y dos expedientes tramitados", cuenta Eduardo Cárdenas, director técnico de Eciti, una Eclu dependiente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.

Por el momento, las agencias de certificación sólo gestionarán cambios de actividad (de una perfumería a una ferretería, por ejemplo) y reformas que no exijan un proyecto técnico. Por ello cobrarán entre un 5% y un 15% menos de lo que cobraba el año pasado el Ayuntamiento, que les ha impuesto esta condición. Algunas empresas, como Eciti, apuestan por bajar los precios al límite; otras, como Verificalitas, hacen lo contrario. La primera cobra 327 euros por un cambio de actividad, y la segunda, 385. "No creemos que gente que va a montar un supermercado se preocupe por 30 euros. Lo que quieren es rapidez de resolución y buena atención", opina el director técnico de Verificalitas, Iván Fernández.

Las agencias esperan hacer negocio este año con nuevas solicitudes y con las atrasadas, y auguran que sus ingresos crecerán, dentro de lo que permita la economía, cuando añadan a sus funciones iniciales, entre 2012 y 2013, la certificación de solicitudes con proyecto técnico y la inspección de locales en los que haya espectáculos abiertos al público. A finales de 2009, una de cada tres discotecas de Madrid funcionaban sin licencia, 650 de un total de 1.895.

"Cuando empecemos con las licencias de obras y las inspecciones, los precios subirán, porque son asuntos más complejos", avanza María Barreiro, de la empresa Aeclu. Antes de todo eso, tendrán que lograr que los empresarios madrileños dejen a un lado las dudas y asuman que el Ayuntamiento ha delegado su tarea en la empresa privada.