Millet desvió 10 millones en las obras del Palau

Las obras del Palau de la Música se iniciaron en 1999 con un presupuesto de 9,1 millones de euros pero acabaron costando 26 millones. Eso al menos es lo que figura sobre el papel, porque la auditoría de las cuentas llevada a cabo por la firma Deloitte ha determinado que en realidad costaron 16 millones de euros. Según fuentes conocedoras de la citada auditoría, el ex presidente de la institución, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, ambos imputados por falsedad documental y apropiación indebida, desviaron 10 millones en estas obras.

Las cifras eran ya en 1999 un verdadero galimatías. En enero de ese año, Millet anunció que rehabilitaría y ampliaría el emblemático edificio de Lluís Domènech i Montaner con un presupuesto de 9,1 millones de euros.

El imputado utilizó parte del dinero para mejoras en su domicilio

Diez meses después, cuando se presentó el proyecto de los arquitectos Óscar Tusquets y Carles Díaz, la reforma proyectada ya ascendía a 10,8 millones, de los cuales el Ministerio de Cultura se comprometió a asumir 9,6 millones.

Tres años después, ese dinero tampoco era suficiente, por lo que Millet solicitó personalmente al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, tres millones más, aprovechando una visita que éste al Palau en octubre de 2002.

Un año más tarde, el Ministerio de Cultura dio luz verde a una nueva subvención por esa cantidad. Según dijo entonces Millet, el presupuesto escalaba hasta los 20,5 millones, el doble de lo estimado sólo cuatro años antes.

Esta escalada de costes no se quedó ahí. La inauguración del inmueble tuvo lugar finalmente en las vísperas del día de Sant Jordi de 2004. Entonces Millet aseguró en una rueda de prensa que las obras habían costado 24 millones de euros.

Sin embargo, la auditoría señala que Millet reunió fondos por valor de 26 millones para afrontar las obras del edificio, pese a que el coste real fue de 16 millones.

Las fuentes consultadas explican que una parte de los 10 millones que faltan se destinaron a mejoras en los domicilios particulares de las familias Millet y Montull, y resaltan que varias de las empresas acusadas de falsificar facturas son constructoras o pertenecen a un grupo del sector. Sin embargo, también recuerdan que se desconoce el destino de cerca de un tercio de los 35,6 millones que, según la auditoría, desviaron los saqueadores.

A pesar de que el informe de Deloitte no está cerrado, estas fuentes explicaron que Millet pudo duplicar certificados de obra para obtener financiación. Además de los 12,6 millones que logró arrancar al Ministerio de Cultura, también consiguió otros 2,4 millones de las Administraciones catalanas: la Generalitat aportó 1,2 millones; el Ayuntamiento de Barcelona, 900.000 euros; y la Diputación de Barcelona, 300.000 euros. En total, 15 millones en subvenciones para la reforma.

También hubo mecenas que aportaron cantidades para sufragar las obras. Aun así, Millet pidió además un crédito de 4,8 millones de euros a seis entidades financieras para cubrir los gastos del proyecto. Fuentes cercanas a la entidad explicaron que la institución todavía hoy está pagando ese préstamo. El consorcio, además, afronta otros dos créditos que Millet requirió al Instituto Catalán de Finanzas, el banco público de la Generalitat, entre 2004 y 2005, y que suman dos millones de euros en concepto de "instalaciones, inmuebles y otras construcciones".