Millet desvió 10 millones de euros en las obras del Palau

Las obras del Palau de la Música partieron en 1999 con un presupuesto inicial de 9,1 millones de euros, pero acabaron costando 26 millones. Eso es lo que figuraba sobre el papel, porque la auditoría de las cuentas de las tres entidades que integran el Palau ha determinado que la ejecución de las obras en realidad costó 16 millones. Los primeros resultados del informe pericial sobre la reforma indican que el ex presidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, ambos imputados por falsedad documental y apropiación indebida, desviaron 10 millones de euros mediante las obras.

La firma Deloitte ha entregado al actual equipo gestor del Palau un avance sobre la auditoría que analiza el posible desvío de fondos a raíz de las obras de reforma y ampliación del edificio. Este trabajo pericial está casi completado, por encima del 90%, e indica que Millet y Montull desviaron 10 millones, la diferencia entre los 26 millones facturados y los 16 ejecutados.

Los números de las obras del Palau fueron, ya desde 1999, un galimatías. En enero de ese año Millet anunció que rehabilitaría y ampliaría el emblemático edificio de Lluís Domènech i Montaner con un presupuesto de 9,1 millones de euros. Y 10 meses después, cuando se presentó el proyecto de los arquitectos Óscar Tusquets y Carles Díaz, la cantidad ya ascendía a 10,8 millones, de los cuales el Ministerio de Cultura asumió 9,6 millones de euros.

Tres años después, ese dinero era insuficiente, por lo que Millet solicitó personalmente al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, tres millones más aprovechando una visita que éste realizó al Palau en octubre de 2002. Un año más tarde, el Ministerio de Cultura dio luz verde a la nueva subvención de tres millones de euros. Según dijo entonces Millet, el presupuesto escalaba hasta los 20,5 millones, el doble de lo estimado sólo cuatro años antes.

La cifra no se quedó ahí. La inauguración del inmueble tuvo lugar, finalmente, en las vísperas del día de Sant Jordi de 2004. Entonces Millet aseguró en una rueda de prensa que las obras habían costado 24 millones de euros, en medio de una agria polémica porque la mayor subvención procedía del Gobierno central y no de las administraciones catalanas.

Sin embargo, la auditoría de Deloitte señala que Millet consiguió fondos por valor de 26 millones de euros para afrontar las obras, aunque el coste real de éstas fue de 16 millones. Las fuentes consultadas explican que una parte de estos 10 millones se destinaron a los domicilios de las familias Millet y Montull, y recuerdan que varias empresas que el fiscal acusa de haber falsificado facturas son constructoras o pertenecen a un grupo del sector.

Aun así, todavía se desconoce el destino de cerca de un tercio de los 35,6 millones que, según la auditoría, desviaron los saqueadores confesos del Palau. Estas fuentes indican que Millet pudo haber duplicado certificaciones de obra para justificar ante los donantes el dinero que se gastaba.El ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, consiguió arrancar al Ministerio de Cultura 12,6 millones de euros en 1999 y 2003 para las obras de rehabilitación y ampliación del edificio. Y además, logró otros 2,4 millones de las administraciones catalanas: la Generalitat aportó 1,2 millones; el Ayuntamiento de Barcelona, 900.000 euros, y la Diputación, 300.000 euros. En total, las administraciones dieron 15 millones de euros para la reforma del Palau.

Los mecenas del Palau también aportaron cantidades para sufragar las obras. Sin embargo, Millet pidió además un crédito de 4,8 millones de euros a seis entidades financieras para cubrir el proyecto.

Fuentes cercanas a la entidad que hoy preside Mariona Carulla explicaron que la institución todavía hoy está pagando ese préstamo. El consorcio, además, está afrontando igualmente otros dos préstamos que Millet requirió al Instituto Catalán de Finanzas entre 2004 y 2005 y que suman dos millones de euros en concepto de "instalaciones, inmuebles y otras construcciones".

La investigación de las cuentas de la entidad resalta, además, que la Fundació Orfeó Català cada año declaraba al Departamento de Justicia cantidades en concepto de mantenimiento del inmueble y obras, cuando esas tareas ya las realizaba y abonaba el consorcio.