Vidas sentenciadas

¿Sabe cómo es un pollo sin cabeza? Así me siento yo". Sin rumbo, corriendo de un sitio a otro sin esperar nada, con la cabeza aturullada, explica el marroquí Ahmed Tommouhi. Al igual que el gaditano Rafael Ricardi , fue encarcelado por crímenes que no había cometido. La justicia los tomó por violadores en serie cuando no lo eran. Uno pasó 15 años preso; el otro, 13. Toda una vida. Tommouhi, que aún lucha porque se reconozca su inocencia, lleva libre desde 2006. Ricardi, desde 2008, y aún espera una indemnización que no llega. La justicia, que no tiembla al condenar, remolonea para resarcir a las víctimas.

Pueden pasar años antes de que reciban algo de dinero. Mientras tanto, ¿de qué vive alguien con 50 años, como Ricardi, al que se le ha cercenado la vida? No tiene nada. Ni un euro con el que comer. Se le acaba de terminar una subvención de 400 euros que le concedieron tras salir de prisión. "Me han roto, destrozado", dice. "Al menos que me permitan ahora vivir en condiciones; quiero ducharme con agua caliente y tener un plato de comida". El grancanario Ricardo Cazorla salió hace un mes de la cárcel. Está en la misma situación. Él sólo pasó tres años preso injustamente. Tampoco tiene nada.

"A veces pienso que dentro estaba mejor. Te quitan la vida y luego se desentienden", declara Ricardi

La historia de Tommouhi, es, quizá, la más aterradora. Él no busca dinero, sino recuperar su dignidad. "¿Dónde voy a reclamar ahora?", se pregunta en una cafetería del centro de Barcelona. "Me han cerrado todas las puertas. La justicia es para los ricos. Yo soy pobre y no les importo. Me han dejado vacío. No me quito la vida porque hay que aguantar hasta el final, pero siento que estoy muerto. Que soy algo que ya no va a dar brotes. Ilusión... ¿cómo voy a tenerla con lo que me ha pasado? Me han puesto una cuerda en el cuello y no la sueltan. Si al menos reconocieran que soy inocente, podría respirar tranquilo. Ver limpio mi nombre y el de mi familia".

Cuando se le pregunta por qué no se intenta olvidar de la injusta justicia que le ha tocado padecer en España y empieza de nuevo, mira con extrañeza. "¿Para qué voy a volver a Marruecos? ¿A morirme de hambre? ¿A que mi mujer sufra conmigo? A tu país no regresas con las manos vacías después de tantos años. Y menos con esta mancha. Lo único que quiero es que me la quiten. Sólo eso me importa". Es un hombre tranquilo, que habla despacio en un castellano bastante correcto. Mira muy fijamente a los ojos.

El marroquí llegó a España en marzo de 1991 y pocos meses después lo encarcelaron porque varias mujeres lo habían reconocido como su violador. Su supuesto compinche era un compatriota llamado Abderrazak Mounib a quien en realidad Tommouhi no había visto jamás. Les impusieron dos condenas por violaciones conjuntas en Barcelona y Tarragona; a Tommouhi le pusieron una más por violación y otra por robo y detención ilegal. Cuatro años después volvió a producirse otra ola de agresiones sexuales del mismo tipo; con el mismo modus operandi. Las víctimas señalaron a Tommouhi y a Mounib en los álbumes policiales. Pero era imposible que fueran los autores: llevaban años encarcelados y no habían tenido un solo permiso. Finalmente, la policía logró detener a uno de los verdaderos culpables: el español Antonio García Carbonell, gitano, que hablaba caló -lengua que las víctimas confundieron con el árabe- y que se parecía mucho a Tommouhi. Al segundo violador nunca lo encontraron, pero las pruebas de ADN determinaron que era un familiar cercano de García Carbonell.

Por el empeño de un guardia civil que había seguido el caso de Tommouhi y Mounib, Reyes Benítez, se revisaron sus expedientes. Quedaban aún restos para analizar de una de las violaciones, y el informe forense determinó que los dos marroquíes eran inocentes: García Carbonell había cometido esa agresión en 1991 con otra persona. Esa condena se anuló en 1997. Pero, como en los otros casos, no había ADN guardado y el recurso de revisión ante el Supremo -que exige hechos nuevos que prueben la inocencia del condenado- es muy estricto, las tres condenas restantes se mantuvieron (dos por violación y una por robo y detención ilegal). El alto tribunal, sin embargo, consciente de que el sentido común indicaba que tanto Tommouhi como Mounib eran inocentes, recomendó el indulto. El entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, lo solicitó para ambos en 1999 por las "dudas razonables" que existían sobre su culpabilidad. Tommouhi no lo quería. "El indulto es para los culpables y yo soy inocente", repetía. El Gobierno, tras casi nueve años de silencio, lo denegó en 2008, siendo ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. El titular anterior, Juan Fernando López Aguilar, explicó en una entrevista en este periódico que el Gobierno había decidido que no era "un mensaje asumible indultar a una persona condenada por violación". Pero la cuestión no era el delito por el que se le acusaba, sino las dudas reconocidas por la justicia sobre su culpabilidad.

Tommouhi, que no entiende de leyes, no comprende nada. Este es su recuerdo de la historia: "En noviembre de 1991 estaba en Terrasa. Acababa de trasladarme allí desde Girona para trabajar de paleta. La tarde que llegó la policía a la pensión en la que vivía, yo acababa de llegar a la habitación. Había salido a comprar leche y magdalenas. Una mujer que trabajaba allí me dijo que querían hablar conmigo. Apareció un policía. Luego otro. Pusieron las camas patas arriba y nos llevaron a mi compañero de cuarto y a mí a la comisaría. Yo creí que era por los papeles. Entonces casi no entendía el español".

El interrogatorio lo recuerda delirante. "Les expliqué que no hablaba el idioma y ellos insistían en que sí; decían que hablaba catalán y español. Me miraron los dientes. Me hablaban de coches, de robos, de pistolas. Apareció un marroquí que me explicó lo que estaba pasando. Yo estaba confiado. No tenía coche ni pistola. Ni siquiera sabía conducir. Lo único que tenía era una mochila con mi paleta".

Pero la maquinaria ya era imparable. Algunas mujeres lo reconocieron. Aunque ésa era la única prueba en su contra, fue condenado. Cuando en 1995 apareció en escena Antonio García Carbonell, respiró aliviado. "Pensé, que, al fin, todo se iba a solucionar. Que, como siempre esperé, se descubriría la verdad". Los compañeros le decían: "Tranquilo, que en poco tiempo vas a estar fuera de aquí". No fue así. Siguieron en pie las condenas por los casos sin ADN por la rigidez del sistema. "Fue otro clavo en el corazón. ¿Cómo aguantas eso?".

Le dieron la libertad condicional en 2006 y el año pasado se extinguió definitivamente su condena. Ahora reside con su hijo Khaled, su nuera y su nieto en Sant Quintí de Mediona, un pueblecito barcelonés del Alto Penedés, con 1.500 habitantes. No tiene papeles. Ni empleo. "¿Quién me va a dar trabajo tan mayor, ahora que no hay ni para los jóvenes?", se pregunta. Recibió una indemnización del Estado por la condena que sí han reconocido como errónea. Tardó cuatro años en llegar y fue de 108.000 euros. Un tercio se lo quedó el abogado. El resto se lo dio a los familiares que habían mantenido a su esposa y niños durante los 15 años que estuvo preso.

Tiene tres hijos que "se criaron huérfanos", se lamenta. "Eran muy pequeños cuando me metieron en la cárcel". Dos de ellos viven en Cataluña y otra está en Marruecos con su madre. Hace casi 20 años que no las ve. "No puedo volver. Así, no. De momento estoy aquí, luego no sé qué haré. No estoy tranquilo en ningún sitio. Sin futuro. Sin nada. Paseo. Mato el tiempo. Miro al cielo".

El periodista Braulio García Jaén, que ha escrito un libro sobre el caso Tommouhi y Mounib -Justicia poética. El caso de dos condenados por la cara-, ve pocas posibilidades de que el marroquí consiga que se declare su inocencia. En la investigación que llevó a cabo para escribir el libro descubrió una prueba nueva: restos de semen que podrían identificar al conductor del Renault 5 con el que se habían cometido dos de las violaciones por las que fueron condenados Mounib y Tommouhi. Con este nuevo camino abierto, se presentó un nuevo recurso de revisión ante el Supremo. El tribunal no lo admitió a trámite porque las muestras no eran de una violación por las que estuvieran condenados Tommouhi y Mounib, aunque sí se habían cometido con el mismo coche. "El recurso de revisión es muy estricto, exige evidencias directas, y el Supremo además siempre lo interpreta restrictivamente", señala García Jaén. "Lo que queríamos era que se comparara el ADN de esa tercera violación del Renault 5 con el de García Carbonell, para que se viera que era él el que cometía las violaciones con ese coche. Cerrada esta puerta, no sé qué más se puede hacer. La Audiencia de Barcelona no tuvo en cuenta en una de las condenas, de la que fue ponente la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, que un análisis de semen excluía la autoría de Ahmed. Los jueces no entendieron el informe. Pero tampoco parece que esto pueda revisarse a estas alturas. Haría falta un abogado muy entregado, con mucho tiempo, para ver si queda algún resquicio". Con algunos letrados, además no ha tenido mucha suerte. Los hay que le han cobrado incluso por escritos que no llegaban a presentar.

"Desde el primer día he dicho la verdad, y la diré hasta el último de mi vida", dice Tommouhi. "A los poderosos no les importa porque para ellos soy sólo un moro. Me van a dejar en este cementerio en vida". Su compañero, Abderrazak Mounib, murió en prisión en 2000 de un infarto.

A 1.100 kilómetros del pueblo de Tomouhi, en el Puerto de Santa María, Rafael Ricardi se pelea por conseguir una indemnización. Salió de la cárcel hace casi dos años después de 15 de prisión. Durante los primeros 18 meses recibió un subsidio de 421 euros. "No me alcanzaba, me ayudaban los vecinos, pero al menos iba tirando", dice mientras se toma un café en el puerto al lado de su novia, Tamara. "Yo no había hecho nada, pero a veces hasta pienso que dentro estaba mejor. Ahora me muero de hambre. No puedo pagar los 200 euros de alquiler de la casa. Al final me van a acabar echando. Nos bañamos con agua fría. Debo tres meses de luz. Hace días que no como más que lo que me regalan por ahí". Dando un paseo por el pueblo con Ricardi, un repartidor de pan se acerca a él, lo saluda, y le da una hogaza redonda y grande sin cobrarle. "Menos mal que hay gente así. Si no, no sé lo que haría". Tamara, su novia, tampoco tiene empleo. "Pasamos hambre tela".

Ricardi prefiere no recordar sus años en prisión, donde le metieron en 1995, básicamente, porque era bizco. "No estoy muy bien", dice. "Tengo muchas secuelas. A veces estoy durmiendo y salto de la cama por miedo. Me vienen cosas de lo que he pasado. Tomo pastillas para todo: para la ansiedad, para la depresión; y ni sé si voy a poder pagarlas". Las víctimas de varias violaciones lo identificaron porque el violador real tenía un "defecto en un ojo". El ADN acabó probando su inocencia, pero la justicia tardó años en hacer caso a un informe policial que expresaba las dudas sobre el caso.

Ha intentado buscar trabajo, pero no lo ha conseguido. "Aquí no hay para nadie. Y mi familia está muy mal como para echarme una mano. Todos en el paro. Eran todos albañiles y no hay nada en el sector". El único que podía ayudarme era mi hermano más chico, que murió cuando yo estaba dentro. Una de mis hijas limpia casas, pero hasta el verano no hay trabajo". La foto del hermano fallecido preside el salón de su modesta vivienda, que ha ido arreglando como ha podido para hacerla habitable.

Su abogada, Antonia Alba, se indigna cuando explica por qué un hombre que ha sufrido una injusticia semejante se está muriendo de hambre. "La indemnización hay que solicitarla primero al Ministerio de Justicia. Les hemos pedido 10 millones de euros. Ellos tienen que contestar. Si no responden en seis meses o proponen una cantidad con la que no estamos de acuerdo, tendremos que recurrir la decisión en los tribunales". En definitiva: hacen falta años para cobrar algo, años en los que la víctima puede acabar en la indigencia. "El sistema indemnizatorio debe cambiarse", dice Alba. "No puede ser. El Estado tiene que responder por el caso de Ricardi".

Sólo una cosa buena tuvo la cárcel. Ricardi entró con graves problemas de drogadicción que ahora ha superado. "Vivo gracias a mi nieto, Kiram, de 10 años", dice con una sonrisa. "Él me da fuerzas. El mundo ha cambiado mucho desde que entré en la cárcel. Cuando vi Internet, me quedé flipado. Con dinero podría estar un poco tranquilo. Tener una casita, comer fuera, llevarme los domingos a mi nieto por ahí. Cosas que no he hecho nunca. Lo mismo que me han quitado la vida, que me ayuden un poco. Pero, hasta el momento, nada. Ni un 'usted perdone".

Tanto Tommouhi como Ricardi han tenido, al menos, la suerte de contar con el apoyo de algún policía, de algún cuidadano, que se interesó en la historia del moro o del yonqui desahuciados. "A ellos les debo todo", dice Tommouhi. "Es lo único que me alivia un poco".

El grancanario Ricardo Cazorla tiene una historia similar, aunque más corta. Acaba de salir de la cárcel, donde pasó casi tres años injustamente por unas identificaciones erróneas. Era entonces, como Ricardi en su día, drogadicto, y tiene una minusvalía del 66% física, psíquica y sensorial desde 1993, cuando lo atropelló un autobús. El Supremo lo absolvió porque el tribunal que lo había condenado no tuvo en cuenta un informe de ADN exculpatorio. Sus padres, Rodolfo y Carmen, un matrimonio humilde (él está jubilado), lo mantienen y cuidan de él en su casa de Las Palmas. Sus abogados, Sergio Armario y Octavio Quintana, están calculando ahora la indemnización que se puede pedir. Pero, una vez más, puede tardar. "Yo sólo quiero estar tranquilo y llevarme a mis padres de aquí", dice mientras se da un baño en la playa de las Alcaravaneras, en Las Palmas. El primero después de salir de la cárcel. "La justicia es muy ligera para condenar", concluye Ricardi. "Mucho. Te quitan la vida. Pero, luego, se desentienden de ti".

Vidas sentenciadas: Rafael Ricardi