Vía libre a la indemnización del condenado por una violación que no cometió

En un mes o antes podría recibir 555.000 euros. Es la indemnización que Rafael Ricardi, el vecino de El Puerto de Santa María (Cádiz) que cumplió 13 años de cárcel por una violación que no cometió, ha aceptado. Su abogada cree que es poco, pero Ricardi no puede esperar los tres años que supondría un recurso por la precaria situación económica en la que vive. El Consejo de Estado ha dictaminado a favor de esta cantidad y, aunque su informe no es vinculante, ha dejado la vía libre para cerrar el caso.

Antonia Alba, abogada de Ricardi, explicó a Europa Press que para los procesos indemnizatorios tiene que haber un informe del Consejo de Estado, y que, normalmente, suele dictar que la indemnización no es precepiva. Este informe no es vinculante y el Gobierno es quien tiene la última palabra.

El Ministerio de Economía debe autorizar la liquidación de esta indemnización, ya que en noviembre cumple el plazo para que la defensa de Ricardi interponga un contencioso administrativo en caso de no haber recibido la indemnización o un compromiso de pago por parte del Estado.

Ricardi no quiere esperar. Necesita el dinero y prefiere lo que le pagará el Estado a un largo proceso en el que no hay garantías de que la indemnización vaya a ser revisada al alza.

La abogada considera "poca" la indemnización concedida, ya que pidieron 10 millones de compensación por 13 años encarcelado por un delito de violación que, finalmente, se pudo demostrar que habían cometido otras dos personas, ahora en prisión. "Hasta un etarra está mejor mirado que un violador en los centros penitenciarios", comentó la abogada para señalar el sufrimiento de su cliente.