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COLUMNA

Manzanas envenenadas

La grabación con autorización judicial de unas conversaciones mantenidas en locutorios carcelarios entre imputados y abogados del caso Gürtel, instruido inicialmente en la Audiencia Nacional por Baltasar Garzón y proseguido luego en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por Antonio Pedreira, ha dado lugar a dos diferentes episodios procesales. De un lado, la Sala del TSJM acaba de invalidar esas escuchas y ha encargado al juez Pedreira la anulación de las pruebas obtenidas gracias a esas grabaciones, de acuerdo con la doctrina del árbol envenenado transmisor de la ponzoña a sus frutos. De otro, el abogado de un empresario también implicado -aunque en libertad- ha presentado una querella por prevaricación (la tercera que el Supremo acepta a trámite en pocos meses) contra el instructor de la Audiencia Nacional, recurrida luego por el fiscal, a cuenta de esas interceptaciones ilegales.

El Tribunal Superior invalida las escuchas de las conversaciones entre los imputados del 'caso Gürtel' y sus abogados

Sin perjuicio de analizar en el futuro con más extensión y detalle la resolución dictada por el TSJM sobre las manzanas envenenadas recogidas en la cesta de escuchas declaradas ilegales, la inextricable fusión de los argumentos jurídicos y de los intereses políticos en un terreno propenso a la demagogia aconsejaría extremar la contención, la serenidad y la prudencia en el debate. Por lo pronto, sería conveniente huir de las interpretaciones de corte conspirativo instaladas en los extremos opuestos de las teorías explicativas del fallo: o bien descalificar al TSJM como responsable de una maniobra prevaricadora dirigida a blanquear las responsabilidades del PP mediante la nulidad de todas las actuaciones sumariales del caso Gürtel (al estilo de lo que sucedió en 1990 con el caso Naseiro, pese a la gran diferencia existente entre ambos supuestos), o bien dar por sentado igualmente que Garzón prevaricó para conseguir por medios ilegales pruebas incriminatorias. Siempre que se produce -como ocurre ahora- un conflicto entre dos bienes jurídicamente protegidos, ninguno de los cuales se halla amparado por un derecho absoluto, los tribunales deben realizar una cuidadosa ponderación comparativa.

El derecho a la defensa y a la asistencia letrada de cualquier imputado tiene una fortísima protección constitucional y ocupa un lugar sagrado en la tradición garantista; de añadidura, el secreto de las comunicaciones es otro derecho fundamental. Pero no deja también de ser cierto que el artículo 579.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aun sin mencionar las relaciones especialmente protegidas entre reclusos y abogados (salvo en delitos de terrorismo), permite al juez acordar la observación de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas "de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos". ¿No convendría que los legisladores consultasen con los gramáticos en ocasiones como esta?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de marzo de 2010