16.000 bombas quedan fuera del pacto

El acuerdo anunciado ayer por la Casa Blanca y el Kremlin es un paso histórico en el desarme nuclear. Sin embargo, según muchos analistas, su valor reside más en el renovado impulso político tras años de estancamiento que en la efectiva reducción de los arsenales.

El nuevo pacto, como su antecesor, sólo limita el número de cabezas nucleares desplegadas y no establece restricciones para las almacenadas. El tope de 1.550 establecido por cada parte es muy inferior al precedente, de 2.200, pero no afecta a las más de 14.000 bombas que las dos potencias tienen actualmente guardadas en los almacenes.

El acuerdo tampoco establece límites para las cabezas conocidas en jerga como tácticas. Estas son un tipo de bomba nuclear destinado a ser utilizado en el campo de batalla contra las fuerzas enemigas, y que usualmente es menos potente que las estratégicas, a las que se refiere el pacto. Aunque teóricamente menos destructivas que las estratégicas, estas bombas superan con facilidad la fuerza explosiva de la de Hiroshima. Se calcula que las dos potencias tienen desplegadas unas 2.500 armas de este tipo. Este es el modelo que Estados Unidos tiene instalado en Europa.

Así, entre almacenadas y tácticas, hay más de 16.000 cabezas para las que el acuerdo no contempla provisión ninguna. Entre ellas, hay muchas obsoletas o hasta inutilizables. Pero el dato esencial es que no hay un límite.

El segundo aspecto importante del tratado concierne las restricciones a los vectores -misiles, aviones bombarderos, etcétera- que transportan las bombas hasta su objetivo. El nuevo tope es 800, frente a los 1.600 fijados por el tratado de 1991. También en ese caso, detrás de los impactantes números hay matices esclarecedores: en la práctica, Rusia ya tiene menos de 800. EE UU cuenta con unos 1.100 que tendrá que reducir, pero dispone de vectores capaces de transportar cada uno varias cabezas.

A pesar de estas precisiones, el tratado es histórico, porque reactiva el lento camino hacia el desarme -estancado desde 2002-, reafirma el derecho de las partes a verificar con inspecciones el cumplimiento de los pactos y da fortaleza moral a las peticiones de no proliferación. El pacto no supone un cambio radical en la capacidad nuclear de las partes, pero es un paso indispensable para la desnuclearización.