Granados dice que la oferta de Iglesias era la más barata

Tanto PSOE como IU coincidieron ayer en considerar escandalosa y sospechosa la adjudicación de un contrato para aportar traductores por parte de la Consejería de Justicia, que dirige Francisco Granados, a la misma asociación pericial que utilizó para negar la existencia del espionaje desde su departamento contra rivales de Esperanza Aguirre.

Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, avanzó que su partido pedirá el expediente completo para averiguar en qué circunstancias resultó ganadora la entidad que preside Castor Iglesias. Igualmente, la portavoz socialista anunció que exigirá la comparecencia parlamentaria de Granados para que explique tal adjudicación. El secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, afirmó que está muy cansado de que "los trapitos sucios del PP los acaben pagando los funcionarios"

Por parte de IU, su portavoz regional, Gregorio Gordo, tiró de ironía para analizar el contrato: "No se entiende tal adjudicación. Lejos de resolver el problema que ya existía con los traductores en los juzgados madrileños y que habían denunciado los propios jueces, se ha visto que no hay ninguna voluntad de resolver este asunto por el Gobierno regional. Y cuando se le da el contrato a Iglesias, se le da por lo único que se le puede dar: por los grandes servicios prestados en la comisión de investigación del espionaje. De otra manera no se puede entender, porque si tuviera alguna experiencia al respecto... tendría una lógica. Pero cuando no tiene ninguna lógica sólo se puede interpretar lo contrario. Granados, cuando necesita algo, le llama a él [Castor Iglesias]. Es una situación que define perfectamente al Gobierno de Madrid. La única experiencia que parece tener es en ayudar a Granados...".

El propio Granados puso el acento en un hecho que ya recogía este diario: que la asociación pericial de Iglesias ganó el concurso porque era la oferta más barata. El consejero especificó que se trataba de una subasta, concurso en el que por encima de la relación calidad-precio sólo se valora el coste para la Administración.

La asociación Jueces para la Democracia estima que un servicio tan sensible para los derechos procesales no puede ser adjudicado simplemente en función de su coste, sino que debe exigirse y garantizarse su calidad. Esta postura es respaldada por los sindicatos del sector judicial.