Jueces de Madrid censuran la falta de rigor del perito de Esperanza Aguirre

Algunos jueces de Madrid han criticado en autos la falta de rigor de Castor Iglesias, perito contratado por el Gobierno de Esperanza Aguirre para negar que un agente autonómico fuera el autor de las notas manuscritas en los partes del espionaje al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente regional Alfredo Prada. Iglesias usó para el informe que le encargó el Ejecutivo de Aguirre fotocopias, algo inconcebible según sus colegas, para hacer un análisis grafólogico de la letra del agente José Manuel Pinto, empleado de la consejería de Francisco Granados, que rebatía la doble pericial contratada por EL PAÍS que le identificaba como autor de las notas en los partes del espionaje. La consejería de Granados tenía contratada a la asociación de peritos que preside Iglesias para las pericias oficiales en los juicios rápidos y desde enero pasado le contrató, primero a dedo y luego por concurso -"subasta", según explicó ayer Granados- para aportar traductores.

Hay varias resoluciones judiciales que ponen en duda el rigor de Iglesias. Una de ellas se refiere a un rumano que intentó forzar la caja de herramientas de una grúa. La víctima reconoció que "no se le causó ningún daño y que el cajón [de herramientas] no se le llegó a abrir precisamente porque retuvo al acusado y llamó a la policía". Iglesias, sin embargo, valoró los daños en las cajas de herramientas en 60 euros.

La declaración de la víctima, acusa el fallo, "contrasta con el informe que hizo el perito judicial de los juzgados, que en una práctica que podemos llamar procesalmente irregular, tasó los presuntos desperfectos sin verlos, dando por sentado que había que reparar no una caja, sino dos de ellas que presupone forzadas, cuando nada de esto se demostró porque la víctima dijo que no llegaron a forzarse". La crítica a Iglesias continúa así: "Resulta extravagante dentro del sistema de garantías que existen en el proceso penal que un perito judicial haga un dictamen dando por sentadas las consecuencias jurídicas del delito que el perjudicado niega". La sentencia concluye que la pericial fue "hecha sin rigor" y falla que "no cabe acordar responsabilidad civil al no haberse acreditado la existencia de ningún daño".

El rigor del trabajo de Iglesias es cuestionado en al menos una decena de fallos más, según fuentes judiciales. Por ejemplo, se juzgaba a un mantero senegalés al que se habían intervenido 21 DVD por un delito contra la propiedad intelectual. Pero se halló un insalvable problema al juzgarlo: "No se ha demostrado en el acto del juicio la falsedad del material incautado dado que el perito Iglesias no visualizó los DVD incautados, basando su informe sólo en el análisis de las características externas, por lo que desconocemos si algunos de ellos están vacíos".

Nuevamente, el varapalo al perito de confianza del Gobierno de Aguirre es inmisericorde: "Nos encontramos con una pericial practicada que contraviene las garantías procesales del procedimiento, dado que ninguno de los 21 DVD fue visionado por el perito. Al no visualizar los DVD, el perito no aporta ninguna regla de su ciencia y arte. En estas condiciones desconocemos si algunos o varios de ellos están vacíos, lo que reconduciría los hechos hacia la estafa y no a un delito contra la propiedad intelectual".

La sentencia apunta una grave sospecha sobre si Iglesias no hizo un mero refrito: "Es más que probable que estas conclusiones periciales se pasen de un dictamen a otro, como se aprecia en el error cometido en la pericia donde se habla 'vistos todos y cada uno de los CD y DVD', cuando en este procedimiento sólo hablamos de DVD. Esto puede ser la consecuencia de un corta y pega en el informe". El senegalés fue absuelto.