El Gobierno impone un recorte de 10.000 millones a las autonomías

El Gobierno ha logrado imponer a las comunidades autónomas las medidas de austeridad que ha ideado para recomponer las maltrechas arcas públicas. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, salvó ayer "satisfecha" la votación del marco de austeridad que les ha presentado para los próximos años y que contempla medidas como la contención en los salarios públicos y las restricciones en la contratación.

Todas las comunidades votaron a favor, salvo las del Partido Popular, que se abstuvieron. Con ese gesto dieron marcha atrás en el amago de rebelión que habían insinuado los días previos ante los corsés presupuestarios que fijaba el Gobierno. Pese a las quejas expresadas sobre la propuesta del Ejecutivo, "a todas les ha parecido bien" el marco propuesto, aseguró Salgado al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aglutina al Ejecutivo y los Gobiernos autónomos. El plan sumará un recorte de 10.000 millones hasta 2013.

"Estamos dispuestos a arrimar el hombro", dice el consejero del PP

De momento, estas Administraciones han asumido ya un importante recorte del gasto para este año. Nueve autonomías presentaron ayer planes de reequilibrio fiscal que suponen un recorte del gasto cercano a los 2.000 millones de euros. Cuando los planes que faltan se pongan sobre la mesa, el Ministerio de Economía espera contar con una reducción de 3.000 millones de euros. En todo caso, entre las comunidades que tienen que presentar planes próximamente figura Cataluña, una de las más incumplidoras en el déficit, hasta el punto de que ya elaboró sus Presupuestos para este año con un déficit mayor que el permitido y más gasto.

Su consejero, Antoni Castells, se quejó ayer de la imposición unilateral de esta propuesta por parte del Gobierno. Otros consejeros del PP le secundaron y la mayoría concluyeron como lógico que esos ajustes afectarán a servicios básicos: educación, sanidad y servicios sociales.

La propuesta aprobada ayer contempla mejorar la eficiencia del gasto, mantener los niveles de deuda, reducir los plazos de pago de las Administraciones a los proveedores y aumentar el nivel de información que proporcionan a la Administración central. La reunión se prolongó cuatro horas sin grandes tensiones.

Los consejeros del PP votaron en contra, eso sí, de crear un grupo de trabajo que estudie hasta el 10 de junio las posibles concreciones de ese ajuste. "Estamos dispuestos a arrimar el hombro, pero no a lanzar mensajes equivocados. ¿Por qué tres meses?", se preguntó el consejero de Madrid, Antonio Beteta, partidario de empezar la negociación la próxima semana.