Los geriátricos privados llaman a concertar 42.500 plazas vacías

En España hay miles de plazas vacías en los geriátricos y cientos de familias, quizá miles también, esperan por una de ellas. La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) calcula que sólo entre sus empresas 42.557 camas, de un total en España de 329.000, están libres, y piden a las administraciones que concierten esas plazas, es decir, que paguen la ocupación de esas residencias para que los ciudadanos puedan optar a ellas a precios públicos, como ocurre con los colegios concertados.

Pero el desajuste entre la oferta y la demanda no tiene tan fácil arreglo, porque hay ciudades donde faltan residencias mientras que en otros lugares están vacías. En ese caso no hay concertación que valga. La crisis tampoco lo pone fácil. Las comunidades están pagando entre 45 y 50 euros por día y persona a los empresarios por disponer de sus plazas, pero este precio no convence al sector, que aspira a obtener 60 euros. "Es lo que cuesta un hostal, y ahí la gente sólo va a dormir", defiende el presidente de la FED, José Alberto Echevarría. "O si no, que nos rebajen el IVA al 4%", dice.

Muchos centros no cumplen los requisitos que exige la normativa

Por último, la Ley de Dependencia manda que estos centros tengan unas condiciones mínimas de calidad, que muchos no cumplen. Sólo entre 2007 y 2008 se abrieron 30.000 nuevas plazas y la mayoría son públicas o concertadas. El problema es que había muchas que no cumplen los requisitos que ahora se exigen y eso impide concertar. El sector afronta una grave crisis.

"A muchos operadores no les conviene concertar por los precios que ofrece la Administración porque han construido residencias de lujo, pagando muy caro el suelo, y ahora no les sale a cuenta. Y hay muchas que, sencillamente, están llamadas a desaparecer porque son negocios antiguos sin las condiciones mínimas", dice un empresario del sector que quiere guardar su anonimato.

"Es cierto, se han construido muchas residencias de lujo, pero es que, hace unos años, no se oía otra cosa que le creciente necesidad de plazas. Los ayuntamientos regalaban terrenos, las comunidades animaban y muchos empresarios siguieron invirtiendo y los bancos se sentían cómodos financiando esos proyectos", reconoce el director del portal Inforesidencias.com, Josep Martí.

La burbuja, según Martí, se iba hinchando también porque "la ley generó unas expectativas de profesionalización que no se han cumplido, la mayoría de las ayudas que se están concediendo son económicas, para el cuidador familiar", critica Martí.

Ese extremo es también el caballo de batalla de los empresarios. "Concertar plazas de residencias cuesta más que dar ayudas económicas, pero se obtendrían millones en retornos", dicen en la FED. "Solo que esos retornos, vía IVA, impuesto de sociedades, IRPF, los recaudaría el Gobierno, mientras que las comunidades tendrían que poner dinero". "Esa diferencia entre lo que le supone a una y otra administración es lo que obstaculiza el concierto de las plazas", aseguran.

Pero la ocupación de las residencias no depende sólo de la economía, ni siquiera de la del usuario, sino de sus preferencias. Y hoy por hoy hay un sesgo claro hacia las atenciones en el domicilio propio, buscando la paga para que les cuide alguien de la familia. "Generalmente se están dando las ayudas que la gente pide", dice el secretario general de Política Social, Francisco Moza. "Una de cada cinco personas atendidas bajo la Ley de Dependencia está en una residencia y más de 40.000 tienen una ayuda vinculada a la prestación de un servicio, que normalmente es también para una plaza residencial". Moza insiste en que el objetivo del ministerio es potenciar los servicios frente a las ayudas económicas, pero opina que no se pueden eludir las preferencias de los ciudadanos. "A lo largo de todo el año pasado, gracias al Plan E se aprobaron recursos para adaptar o construir hasta 50.000 plazas y hemos regulado que los usuarios no puedan cambiar el servicio que eligen". Esto se ha hecho porque, debido también a la crisis, algunas personas sacaban a los ancianos de la residencia para tenerlos de nuevo en casa, con la ayuda económica y la pensión del abuelo.

En el mundo rural la ocupación de las residencias se resiste, entre otras cosas porque hay que desplazarse fuera del pueblo para ir a una de ellas. Pero también hay ciudades donde faltan plazas. "Es verdad que en algunas zonas con mucha población rural y dispersa, las residencias quedan alejadas del usuario", reconoce José Alberto Echevarría, de la FED. "Pero las bolsas de desocupación están en las grandes capitales y ciudades de Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía. Eso debería concertarse", insisten.

Muchos centros, sin embargo, están sin concertar porque no cumplen los requisitos exigidos. "A los geriátricos que asisten a grandes dependientes les exigen unas condiciones de calidad muy exhaustivas, mientras que se pide muy poco para atender a esos mismos dependientes en casa", afirma Josep Martí. En su afirmación radica, sin embargo, otro de los problemas: ¿cuántas de las plazas vacías están preparadas para atender a grandes dependientes? La FED dice que no disponen de esos datos.

El problema, apunta la responsable de Política Social de CC OO, Rosana Costa, es que la proliferación de residencias "no obedece a una planificación real de las necesidades, ni por el número de personas que las requieren ni por las instalaciones que realmente se necesitan. Si no se cumplen los requisitos no se pueden usar esas plazas", dice.

De parecida opinión es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes: "Habría que analizar cuántas cumplen los requisitos mínimos exigidos por la ley para dar una atención de calidad, la ubicación rural o urbana, y sobre todo el precio de la plaza privada. Se impone una planificación que concilie la oferta y las necesidades. Se necesitan más plazas residenciales en las zonas urbanas y exigir la normativa de acreditación a todas las residencias. La Ley de Dependencia es un aliciente para la inversión en equipamiento residencial. Y las prestaciones económicas deben ser algo excepcional".