La Audiencia se inclina por no imputar a Trillo en el 'caso Yak-42'

Las responsabilidades del ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa en el caso Yak-42 no se depurarán en los tribunales. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional se inclina por rechazar la imputación del actual responsable de Justicia y Libertades del PP, según fuentes jurídicas. En caso de que lo hiciera, debería elevar la causa al Tribunal Supremo, dada su condición de diputado.

Un día después de que el alto tribunal ratificara la condena al general Vicente Navarro y a dos de sus subordinados por la falsa identificación de 30 de los 62 militares españoles muertos en el siniestro, la Audiencia Nacional reactivó ayer el segundo proceso penal por este caso, referido a la contratación del Yak-42.

El juez Fernando Grande-Marlaska imputó en mayo de 2008 a cinco mandos militares -incluidos los ex jefes del Estado Mayor de la Defensa Antonio Moreno Barberá y del Estado Mayor Conjunto Juan Luis Ibarreta- por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte. Las acusaciones recurrieron la decisión por considerar que la lista de imputados se quedaba corta y su recurso, que durmió año y medio en un cajón, llegó por fin ayer a la mesa del tribunal.

Leopoldo Gay, abogado de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias, pidió la imputación del ex ministro por considerar que resulta "impensable" que no estuviera al corriente de las múltiples quejas que se elevaron antes del accidente sobre el mal estado de los aviones ex soviéticos empleados para el transporte de las tropas, ya que incluso tuvo que contestar una pregunta parlamentaria por escrito.

El ex fiscal general del Estado Leopoldo Torres, que representa a otro grupo de familias, se adhirió a estos argumentos y amplió hasta una veintena las siete imputaciones que reclamaba su colega. Por su parte, el teniente fiscal Fernando Burgos se opuso a nuevas imputaciones -más allá de las cinco acordadas- con el argumento de que "la responsabilidad no se puede extender como una mancha de aceite al conjunto de la administración militar". A su juicio, la responsabilidad por omisión -es decir, la falta de vigilancia sobre las condiciones en que se desarrollaban los vuelos- no alcanza al ex ministro, pues la competencia correspondía al Estado Mayor de la Defensa.

Miguel Ángel Sencianes, presidente de la asociación de familias de las víctimas, recordó que Trillo "es un ciudadano más, que ha tenido mucho que ver, porque él podría haber evitado 62 muertes". El Tribunal Supremo ya rechazó su imputación por este caso en 2008, aunque en aquella ocasión el juez Marlaska se limitó a elevarle una consulta, sin argumento alguno.