El fiscal detecta construcciones sin luz, agua, saneamiento ni accesos rodados

El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, destituyó al director de la agencia, Hipólito Pérez, tras cambiar sus estatutos pensados para que el organismo funcionase como una agencia independiente, sin dejarse contaminar por el poder político. Pero el prolijo informe de la Agencia no caerá en saco roto. Sus conclusiones han dado munición a la fiscalía para denunciar por prevaricación urbanística al alcalde popular de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a tres concejales suyos que integran la Junta de Gobierno e incluso a la arquitecta municipal, Marta Geada, que avaló con su informe alguna de las polémicas promociones.

La denuncia que la fiscalía ha presentado en el Juzgado de Mondoñedo relata el rosario de irregularidades que ahora la Xunta pretende legalizar. Después de acusar al alcalde de otorgar 44 licencias para edificar 3.174 viviendas en suelo urbano no consolidado, el ministerio público desmenuza una por una las anomalías. Todas, relacionadas con excesos de edificabilidad que en ocasiones llegan a multiplicar por tres o por cuatro la permitida legalmente, invasión de suelo rústico para realizar piscinas, ausencia de accesos públicos rodados, carencia de plazas de garaje e incluso deficiencias relacionadas con la prevención de incendios.

Las que siguen son algunas de las anomalías más flagrantes que apuntalan la denuncia por la vía penal del ministerio público:

El 2 de agosto de 2006, la Junta Local de Gobierno aprobó seis desarrollos urbanísticos, casi todos con el informe contrario de la secretaria municipal. El que amparaba a la promotora Jardín Lugo, SL para levantar 160 viviendas, duplicó la edificabilidad legal, al ocupar 8.983 metros cuadrados, donde el planeamiento amparaba sólo 3.982. Según la denuncia del fiscal, este complejo invadió una franja de ocho metros de suelo rústico a lo largo de las cinco construcciones.

Ese mismo día, el alcalde y sus tres concejales dieron luz verde a otra urbanización en la zona de Camino Real-Santiago de Reinante, para que Promoelja, SL edificase 19 pisos. El informe jurídico de la secretaria municipal reclamó sin éxito la suspensión de este expediente. El escrito de la fiscalía detalla que la edificabilidad máxima pasó de 484 metros cuadrados a 1.050 y denuncia "la inadecuación ambiental respecto a las viviendas unifamiliares de su contorno".

El gobierno de Fuente Parga también autorizó el 25 de junio de 2008 a la sociedad Panamérica, SL para que alzase 88 viviendas, "prescindiendo del preceptivo informe jurídico de la secretaría municipal". La promoción invadía cinco metros de suelo rústico de protección agroforestal y además sus planos extendían el límite de edificabilidad, desde los 2.398 metros cuadrados que amparaba el planeamiento, hasta 6.615 metros cuadrados.

Las deficiencias se repiten en el resto de los 44 expedientes: utilización generalizada de la planta bajo-cubierta como áticos, ausencia de infraestructuras básicas, calificaciones inadecuadas del suelo, terrazas que sobresalen más de lo permitido. La denuncia del ministerio público llama la atención sobre tres licencias que el Gobierno de Barreiros otorgó en septiembre de 2006 a la constructora Teodoro Moreda, SLU para "uso residencial de 122, 102 y 140 viviendas". El proyecto del complejo, que como el resto tampoco contó con los informes jurídicos pertinentes, preveía ocupar 23.888 metros cuadrados, en una zona donde la edificabilidad máxima amparaba sólo 11.944.

En la zona de San Pedro de Benquerencia, la Junta de Gobierno que presidía o Fuente Parga, dio luz verde a la entidad Pedrouzo Costa, en contra del dictamen jurídico, para levantar seis bloques con 252 pisos y triplicar la edificabilidad legal. Pasó de 4.006 metros cuadrados a 13.435.

Otro de los suelos, que promueve la sociedad Parque Empresarial Melide, "se asentaba sobre una parcela que no podía adquirir la condición de solar con la realización de obras accesorias". Dicha promotora obtuvo la licencia, en contra del criterio de la secretaria municipal, pese a que "no previó el suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y red de saneamiento". Cuatro de los bloques que albergaban las 54 viviendas adosadas carecían de acceso rodado público. Y los sótanos se desparramaban por el 100% de la parcela en suelo urbano sin respetar el límite del 70%.

La demanda que el fiscal presentó en el juzgado también carga contra el permiso que el Gobierno municipal dio a tres constructoras para instalar tres piscinas, una pista polideportiva y un área de juegos infantiles sobre suelo rústico.

En su exposición de motivos, el ministerio público defiende que Barreiros autorizó urbanizaciones "en términos irreconciliables con lo que podía ser una malla urbana". Subraya que la red de saneamiento prevista no cubría los 44 desarrollos urbanísticos aprobados en 2006.