"Los miembros del Poder Judicial tienen que volver a la normalidad"

Esta semana ha tenido que vérselas con tres enmiendas a la totalidad presentadas contra la reforma del Código Penal por la izquierda y el PNV, contrarios a que se siga endureciendo la norma. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, salió del atolladero gracias al apoyo del Partido Popular. Confía, a pesar de todo, en que conseguirá una ley de consenso. Caamaño, siempre cauto, sobre las polémicas palabras de Felipe González diciendo que la justicia está "hecha unos zorros por el ganado que hay dentro", considera que el ex presidente habló "en el contexto de un mitin" y que "así deben entenderse sus palabras".

Pregunta. Da la impresión de que el Código Penal se cambia a golpe de suceso.

"Es incoherente que el PP pida la cadena perpetua revisable"

"Tenemos uno de los códigos más duros del entorno democrático"

Respuesta. Debemos legislar desde la razón, no desde el corazón, pero hay situaciones en las que la finalidad de la pena, que es la rehabilitación, es difícil de lograr, como sucede con la pederastia. Esto produce inquietud a las víctimas. Por eso hemos introducido la libertad vigilada.

P. Pero es una pena que se impone cuando la condena ya está cumplida. El diputado del PNV Emilio Olabarría ha dicho que es una cadena perpetua encubierta.

R. No es una pena, sino una medida de seguridad que se aplica a casos muy concretos: delitos sexuales y terrorismo. Mientras el condenado está en la cárcel se sigue su evolución, y si al final los servicios penitenciarios consideran que no hay ningún problema, la medida que en su día adoptó el juez no llegará a ser acordada.

P. ¿En qué va a consistir?

R. Puede ser la prohibición de acercarse a la víctima, pasar cada cierto tiempo por una dependencia judicial, verificar que se sigue un tratamiento médico...

P. En el caso de los delitos sexuales no se va a imponer sólo a los graves, sino a todos, incluyendo el acoso o el exhibicionismo, con penas mínimas de tres y seis meses. ¿No es desproporcionado?

R. Como son penas cortas, la idea es que después exista cierta seguridad para la víctima, como en el caso de un exhibicionista que está en la puerta de los colegios. Debemos incorporar a las víctimas al derecho penal.

P. ¿Por qué rechaza tanto la cadena perpetua revisable?

R. El PP, en una ola de progresión punitiva, primero defendía la cadena perpetua, lisa y llanamente. Cuando le dijimos que era inconstitucional, que la pena se orienta a la reinserción y que nadie puede estar condenado de por vida, buscó esta fórmula.

P. ¿Cuál es el problema?

R. Es incompatible con el principio de cumplimiento íntegro de las penas que tanto defiende el PP. Además, sugieren que la revisión se haga a los 20 años. No es lógico que alguien pueda ser castigado a 40 años sin revisión posible y que a un condenado a cadena perpetua sí se le pueda revisar. Si hay revisión, que la haya para todos. Pero eso es abandonar el principio de cumplimiento íntegro. Están siendo incoherentes.

P. ¿Podría considerarse la revisión para todos los casos?

R. Quizá, pero ese es otro debate en el que ahora no estamos.

P. ¿No tenemos un código demasiado duro? La tasa de presos es la más alta de Europa.

R. Es uno de los más duros de los entornos democráticos, pero las leyes penales cumplen más funciones aparte de castigar, como evitar que la gente cometa delitos. Tenemos la tasa de delincuencia más baja de la década.

P. ¿Y cree que se debe a la dureza del Código Penal?

R. La prevención general es muy importante, aunque es cierto que porque un código penal incluya la pena de muerte no se van a prevenir los asesinatos; la prevención no llega a tanto. Por otro lado, hemos introducido penas alternativas a la prisión.

P. El 66% de los reclusos están condenados por delitos contra el patrimonio o contra la salud pública y se siguen manteniendo las penas de cárcel para estos delitos.

R. No se han endurecido todas las penas. En las de tráfico de drogas sólo se ha hecho para los que realmente actúan de forma grave y perjudicial, pero las hemos atenuado para los delitos vinculados al consumo y con baja repercusión. Estos constituyen el 95% de las condenas por estos delitos.

P. Estas conductas leves se siguen castigando con cárcel.

R. Pero son sanciones menores y el juez puede suspender la condena en algunos casos.

P. Habrá prisión obligatoria para los cargos corruptos en delitos de urbanismo o medioambiente, pero son de uno a tres años. El robo en casa habitada se castiga con cárcel de dos a cinco. El código seguirá siendo mucho más duro con los delitos cometidos por las clases desfavorecidas.

R. Hemos hecho un ejercicio de ponderación. Si en algún lugar se nos ha disparado algo, se corregirá. Éste no quiere ser un código fuerte frente al débil y débil frente al fuerte.

P. ¿Cárcel para los manteros?

R. Con la reforma se permitirán penas distintas a la prisión.

P. Pero la decisión queda en manos del juez.

R. Hay que ver en cada caso. No es lo mismo alguien que lo hace una o dos veces que otro que lo hace de forma sistemática. Al igual que condenamos cuando alguien roba una cartera, aquí también se está cometiendo un delito.

P. El grupo socialista introdujo una enmienda para que este hecho sea considerado falta si el valor de los derechos defraudados no supera los 400 euros. Casi todos los manteros llevan un número similar de CD, los que caben en la manta, y los jueces están valorando esos derechos defraudados en cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 2.500 euros. Esa medida no se va a aplicar a nadie.

R. Bueno, la valoración se hace intentando calcular la cantidad que el autor cobraría en derechos de autor por cada CD.

P. ¿Se compromete a aprobar en esta legislatura la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal?

R. Me comprometo a llevarla a las Cortes Generales.

P. ¿Incluirá que la instrucción pase a los fiscales?

R. Sí. La investigación la tiene que llevar el ministerio fiscal. Debe haber un juez en la instrucción, pero para garantizar los derechos fundamentales, como ocurre ya en prácticamente todos los Estados democráticos del mundo. El juez instructor produce un efecto sumamente extraño.

P. ¿Se hará una nueva regulación de las intervenciones de las telecomunicaciones?

R. Vamos a regular todas las garantías vinculadas al proceso.

P. ¿Cómo se explica a los ciudadanos que en el proceso Gürtel sigan siendo válidas las escuchas y que sin embargo haya un procedimiento contra Garzón por ordenarlas?

R. Son dos cuestiones jurídicamente distintas, aunque por la lógica están conectadas. Es verdad que en este asunto se produce un efecto extravagante, que es cómo una persona que está encausada en un asunto judicial, en lugar de defenderse se suma a una acción punitiva contra el juez.

P. El CGPJ vive su propia guerra interna. ¿Qué opina de que un vocal haya denunciado el sistema de nombramientos?

R. Es un órgano de composición plural y con distintas sensibilidades. Cuando sus discrepancias se transmiten a la opinión pública, esto da una sensación de desánimo a los ciudadanos respecto a su valoración de la justicia. La responsabilidad de sus miembros es volver a la normalidad.

P. La vocal Margarita Robles envió una carta a su asociación, Jueces para la Democracia, haciendo gala del elevado número de nombramientos conseguidos para ellos.

R. No voy a entrar en lo que hace cada uno de los vocales.

P. ¿Qué tipo de aclaración esperan del auto del juez Eloy Velasco en el que constata que puede haber alguna relación entre miembros del Gobierno de Venezuela, las FARC y ETA?

R. Queremos saber si lo que se persigue es una intervención de naturaleza diplomática o si lo que quiere es abrir una cooperación jurídica internacional, porque sería el Ministerio de Justicia el que tendría que hacer la conexión entre las autoridades judiciales españolas y venezolanas.

P. ¿Se va a regular la objeción en la Ley de Libertad Religiosa?

R. Sin duda. La libertad de conciencia es uno de los déficits de nuestro sistema.