Bruselas responde a EE UU que el G-20 acordó regular los fondos especulativos

La Comisión Europea rechazó ayer las acusaciones de proteccionismo formuladas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, referidas a la propuesta de directiva sobre fondos de alto riesgo (hedge funds y private equity) que intenta regular la actividad de estos fondos, cuya actuación exacerbó los daños de la pasada crisis financiera. La presidencia española espera poder alcanzar un acuerdo sobre la directiva el próximo martes en el Consejo de Ministros de Economía de la UE.

La propuesta de directiva fue presentada por la Comisión el pasado 29 de abril y desde entonces ha sido objeto de negociación tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo, en donde se han presentado una cifra récord de 1.300 enmiendas.

El secretario del Tesoro se ha quejado por carta ante la Comisión

El Parlamento Europeo tramita un récord de 1.300 enmiendas

Uno de los principales objetivos de esta propuesta de regulación comunitaria es exigir un registro de los gestores de los fondos de alto riesgo y la divulgación de sus actividades para mejorar la supervisión y evitar un riesgo sistémico. La gestión y administración de cualquier fondo no armonizado en la Unión Europea requerirá la autorización y supervisión establecida en la directiva.

Los gestores de los fondos radicados fuera de la Unión podrían actuar en el territorio comunitario mediante "un pasaporte". Jean Paul Gauzès, ponente en el Parlamento Europeo sobre esta materia, se ha mostrado partidario de "un pasaporte europeo" para poder actuar en la comunidad. Gauzès, sin embargo, advirtió que debería evitarse convertir a la UE "en una fortaleza".

La directiva también podría exigir que los recursos gestionados por los fondos de alto riesgo estuvieran depositados en establecimientos comunitarios. Muchas de estas medidas han sido calificadas de restrictivas y proteccionistas tanto por Reino Unido, sede de la mayor parte de los hedge funds que operan en la UE, como por Estados Unidos.

Geithner expresó su preocupación por el desarrollo de la legislación comunitaria en una carta enviada el pasado 1 de marzo al comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier. El secretario del Tesoro estadounidense se escudó en el compromiso de la reunión del G-20 del pasado otoño, en la que se acordó que no se tomarían medidas discriminatorias en las nuevas medidas regulatorias.

Bruselas rechazó ayer esta interpretación al manifestar precisamente que "la propuesta de la Comisión responde directamente a la decisión tomada por el G-20 de aprobar una regulación de estos fondos, reforzando la transparencia y la responsabilidad de estos actores claves en los mercados", según manifestó Amadeu Altafaj, portavoz de la Comisión.

Altafaj añadió que "Barnier está convencido de que Geithner "comparte" sus deseos de respetar el proceso legislativo europeo. El portavoz comunitario precisó que el comisario viajará próximamente a Estados Unidos para continuar las conversaciones con las autoridades de aquel país. Barnier está dispuesto a "trabajar estrechamente" con el Gobierno de Washington para poner en práctica las orientaciones adoptadas en el G-20, "que Geithner conoce muy bien".

Fuentes próximas a la presidencia española, que está realizando gestiones para flexibilizar la postura inicial de la Comisión en aras del consenso, rechazaron ayer las acusaciones de "proteccionismo y discriminación". Las mismas fuentes indicaron que la directiva se inspira en la legislación comunitaria precedente sobre fondos de inversión que nunca había sido calificada como tal. En su opinión se trataría de todo lo contrario, de establecer un marco que fuera igual para todos los operadores del mercado.

Poul Nyrup Rasmussen, presidente del Partido de los Socialistas Europeos, aseguró ayer que "es necesario regular un mercado y evitar que se repitan sucesos como los de finales del pasado mes de febrero en que un grupo de banqueros y gestores de hedge funds acordaron en una cena ataques al euro en operaciones contra la deuda griega".

Las dificultades para alcanzar acuerdos con los británicos derivan de que muchos de estos fondos radican en paraísos fiscales como las Islas Caimán. El Parlamento Europeo quiere reforzar la legislación sobre estos fondos porque, según Gauzès, "aunque no fueron los causantes de la crisis, su naturaleza y operativa pueden conllevar riesgos". El diputado del Partido Popular Europeo asegura que "la regulación no pretende destruir la industria ni fomentar su fuga fuera de Europa".

La directiva que debatirá el Consejo el próximo martes pretende asegurar también que los inversores reciban la información sobre los costes y el rendimiento. Los gestores estarán obligados a un capital mínimo. En el texto inicial de la directiva se incluían dos exenciones de minimis, de manera que los gestores que administren carteras que sean inferiores a 100 millones de euros estarán exentos de las disposiciones de la directiva. A los fondos no apalancados y que no concedan a los inversores derechos de reembolso durante cinco años se aplicará un umbral de exención de minimis de 500 millones de euros.