El Gobierno rechaza la nueva propuesta sobre la ley de cajas

Zarrías asegura que sólo hay "tímidos" y "tenues" avances

La última propuesta para reformar la ley de cajas remitida desde la Xunta al Gobierno central se ha topado de nuevo con el rechazo de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial. Su responsable, Gaspar Zarrías, remitió a última hora de ayer una carta al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, en la que asegura que los "tímidos" y "tenues" avances recogidos en la nueva propuesta no despejan las dudas de inconstitucionalidad de la norma autonómica. En concreto, Zarrías mantiene en su misiva que sólo en dos de los cinco puntos en discusión, sin mencionar cuáles son, se han introducido novedades sobre los planteamientos iniciales y que, en ningún caso, "se resuelve la inconstitucionalidad del texto".

La Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, que en la carta no entra en el detalle de los puntos en los que ve avances, mantiene que en el caso de otras leyes de cajas autonómicas recurridas ante el Constitucional, como la de Madrid, "se introdujeron novedades y cambios en todo el articulado que estaba en discusión", actitud que en ningún caso ve en la posición de los negociadores de la Xunta. Zarrías vuelve a insistir en la "lealtad institucional" que debe presidir las negociaciones, advierte al conselleiro de Presidencia que sus valoraciones sobre el bloqueo político de Madrid a la norma "no responden a la realidad" y asegura que su "voluntad es la de llegar a un acuerdo".

Un portavoz de la Consellería de Facenda, cuya titular, Marta Fernández Currás, impulsa la nueva ley recurrida, mostró su sorpresa ante el planteamiento de Zarrías, ya que además de no aclarar los puntos de la ley sobre los que ve avances, desde el ministerio no convocan nuevas reuniones para abordar las diferencias.

La Xunta propuso el pasado viernes un texto alternativo a la ley en los artículos que regulan la situación de déficit patrimonial de las entidades, en los que hacen referencia a los nombramientos, incompatibilidades y también modificaciones a la disposición transitoria que aborda la adaptación de los órganos de gobierno. Facenda propuso además dos "acuerdos interpretativos" para regular las mayorías de los acuerdos en las asambleas generales y en la regulación de los presupuestos de obra social. En las anteriores reuniones, Xunta y Gobierno cerraron acuerdos en otros seis artículos de la ley ahora recurrida.

Antes de conocer esta nueva negativa del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo volvió a apelar a la necesidad de consenso y reprochó el trato "desigual" y "discriminatorio" del Gobierno a Galicia en esta materia; por otro, se manifestó "dispuesto a someter la Ley de Cajas gallega al Tribunal Constitucional" pero no "a los intereses de algunos altos cargos procedentes de Andalucía", en alusión a Zarrías.

El futuro financiero autonómico está sobre la mesa de "cada empresa gallega y de cada ahorrador", manifestó ayer durante un foro organizado por el diario Cinco Días en Pontevedra y ante una nutrida representación del empresariado con José Luis Méndez, director de Caixa Galicia en primera línea y sin ningún representante de Caixanova. Feijóo, que no pierde la esperanza de llegar a un acuerdo, recordó que tras diez meses de trabajo en esta materia la pelota está en el tejado del Gobierno central porque "ellos son los que se han levantado de la mesa" de negociación. Alertó una vez más del riesgo de fusión con entidades de fuera de Galicia e insistió en que crear una única caja "es la solución menos mala".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0009, 09 de marzo de 2010.