Los problemas del mercado laboral

Corbacho tiene un 'plan B'

El Gobierno aplicará una reforma laboral aunque el diálogo social fracase - Las claves son el empleo juvenil y la extensión del contrato fijo con despido más barato

El fracaso no es lo peor que le puede ocurrir al diálogo social. Más grave que disolver la mesa abierta con patronal y sindicatos sería que el Gobierno se escudara en esa falta de sintonía para dejar intacto el mercado laboral. Siete meses después de la ruptura del primer proceso, la CEOE ha sembrado la discordia esta semana con unas propuestas laborales que se sitúan fuera del marco de negociación. El fantasma del desacuerdo se asoma de nuevo al diálogo social. Pero esta vez el Ejecutivo tiene un plan B.

Convencido de que algunas disfunciones requieren medidas urgentes, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, está dispuesto a favorecer el empleo juvenil, penalizar de algún modo la contratación temporal, ampliar el uso del contrato indefinido con despido más barato (33 días por año frente a los 45 ordinarios) y trasladar a España el modelo alemán de reducción de jornada.

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Hay un elemento fundamental que diferencia este proceso del emprendido el año pasado. Con un cuadro clínico del mercado laboral prácticamente idéntico al de entonces -paro desbordado, alta temporalidad y escasa flexibilidad en las empresas para mantener el empleo en épocas de crisis-, el Gobierno dispone ahora de un diagnóstico y un amago de receta. Se trata del documento que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entregó a los agentes sociales en febrero para empezar a negociar. Aunque constituye el último recurso, el Ministerio de Trabajo estaría dispuesto a desarrollarlo en solitario.

No todos los planteamientos de ese papel tienen las mismas posibilidades de éxito si el Gobierno legisla al margen de la mesa. Pero hay uno que Trabajo acometerá con ayuda o sin ella. El desempleo que sufren los menores de 25 años roza el 40% de la población activa y el Ejecutivo está decidido a atajarlo, según fuentes del ministerio. En el polo opuesto de lo que CEOE propuso y luego retiró (un contrato para jóvenes sin cotización, sin desempleo y por menos del salario mínimo), Trabajo propone reforzar la protección de los contratos de formación, que ahora no generan derecho a paro. Y crear un programa para jóvenes sin preparación, los que más dificultades encuentran para insertarse en el mercado.

Más eficaz puede resultar la reordenación de bonificaciones en las que también se trabaja. El Estado gasta mucho cada año (3.000 millones de euros) en premiar a las empresas por contratar. Pero esa política de incentivos es muy dispersa y favorece empleos (por ejemplo, de mujeres) que quizá prosperarían sin subvención. Corbacho defiende mantener las ayudas para mujeres maltratadas y discapacitados y concentrar el resto en jóvenes.

La idea de ampliar el uso del contrato indefinido con despido más barato figura también entre las prioridades del Ejecutivo. Este contrato, con indemnización de 33 días por año trabajado, se aplica ahora a jóvenes, mujeres subrepresentadas, mayores de 45 años, discapacitados y parados de larga duración. Sorprendentemente se usa poco (apenas en un 13% de los contratos indefinidos). Y eso que los hombres de 31 a 44 años suponen casi el único colectivo excluido de ese marco. La idea del Gobierno es extenderlo a todos los parados, de forma que cualquier empresa pueda utilizarlo para rescatar a alguien del paro, y se mantenga el de 45 días por año para quien ya trabaja (es decir, para los fichajes).

A cambio, se pondrán más trabas a la contratación temporal. Trabajo quiere encarecer el empleo eventual elevando su cotización para hacer más atractivo el fijo. También tiene en mente que las empresas que más recurran a esos contratos sufraguen parte del coste de paro que generan. Pero es aventurado pensar que el Ejecutivo se atreverá con una medida que previsiblemente disgustará a la patronal, especialmente si no se acomete en el marco de un acuerdo. Porque cualquier cambio tendrá que validarse en el Parlamento y hay que asegurarse los apoyos, políticos o sociales.

Más fácil será adaptar el llamado modelo alemán que permite a las empresas conservar la plantilla en tiempos de crisis reduciéndoles una parte del sueldo. El Estado compensa esa merma salarial a cambio de que el empleado no vaya al paro. Y la empresa lo recupera plenamente cuando salga del bache.

Pese al nivel de desarrollo de estas alternativas, de momento el plan A del Ejecutivo sigue en marcha. El mismo jueves, un día después de que el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, presentase sus propuestas laborales en un artículo publicado en este diario, la mesa del diálogo social se reunió. El mediador del Gobierno, Alfonso Morón, abrió fuego y recordó a las partes que la negociación tenía límites. La patronal no hizo ningún comentario, según asistentes a ese encuentro, y el orden del día siguió su curso.

Corbacho ha dado hasta final de abril para llegar a un acuerdo. A partir de ahí actuará, solo o en compañía. No harán falta muchos argumentos; el último día de abril se conocerá la encuesta de población activa, que previsiblemente ampliará el ya nutrido colectivo de 4,3 millones de parados y cargará de razones a quienes reclaman medidas urgentes.

No habrá diálogo fuera del guión

Los agentes sociales tienen visiones contrapuestas sobre qué hacer si el diálogo social fracasa. Mientras los sindicatos rehúsan ponerse en esa tesitura, la CEOE dice entender que el Gobierno legisle si el proceso encalla. En la mente de todos pervive lo ocurrido a finales del pasado julio, cuando la mesa se clausuró en el momento en que más próximo parecía el pacto. Entonces, como ahora, los planteamientos empresariales -algunos de ellos rescatados en el artículo que Gerardo Díaz Ferrán publicó el pasado miércoles en EL PAÍS- exasperaron al Ejecutivo y a los sindicatos.

"Lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo. Por nosotros no va a quedar, pero el Gobierno tiene que trabajar también para que funcione", advierte Ramón Górriz, secretario de acción sindical de Comisiones Obreras. Su homólogo en UGT, Toni Ferrer, enfatiza que el diálogo social tiene recorrido. "No estamos en esa fase [de ruptura del proceso]". Ambos piden a la patronal que se atenga a las líneas de negociación marcadas por el Gobierno y que todos aceptaron en la solemne reunión celebrada en Moncloa a principios de febrero para arrancar formalmente el proceso.

En CEOE molestan esas líneas rojas, especialmente en boca del ministro de Trabajo, que "no tomará en consideración" ninguna propuesta que se aparte del guión, según manifestó tras conocer las de la patronal. Un portavoz de los empresarios asegura que esas palabras han causado "preocupación" y que no se debe poner coto al diálogo. Cree, eso sí, que el Gobierno no tiene más remedio que actuar si el diálogo social fracasa, aunque de momento defiende su buena salud. Otras fuentes empresariales temen "un acuerdito", sin capacidad para incidir en la sangría laboral.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0007, 07 de marzo de 2010.

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