El fiscal acusa a un abogado de Gürtel de ocultar documentos al Supremo para imputar a Garzón

La fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la admisión a trámite de la querella contra el juez Baltasar Garzón por haber ordenado las escuchas del caso Gürtel, en un escrito en el que reprocha al alto tribunal haberse fiado de la versión del abogado querellante, Ignacio Peláez, en vez de la del ministerio fiscal.

El escrito subraya las "numerosas e importantes incorrecciones" en que incurre Peláez al describir los hechos, "a pesar de tener en su poder los documentos que, de no habérselos ocultado interesadamente a la Sala" hubieran salvado esas incorrecciones.

El recurso, impecable y elaborado en un tiempo récord por el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, explica que las omisiones de Peláez evidencian "la estrategia" del letrado "dirigida a cuestionar la imparcialidad" del juez Garzón con el fin de obtener la "nulidad" de las actuaciones.

El fiscal asegura que siempre se ha opuesto "frontalmente" al relato de hechos de Peláez y niega que, como dice el Supremo, no la haya cuestionado "en ningún momento". Rechaza después las "gravísimas imputaciones" contra Garzón sobre la base de haber infringido supuestamente una norma de reparto que, asegura el fiscal, "no se encontraba en vigor".

En su querella, Peláez atribuyó a las escuchas de Garzón la imputación del abogado José Antonio López Rubal por presunto blanqueo de capitales del cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa. También manifestó que Garzón había retrasado "maliciosa y tendenciosamente" la notificación de la imputación de López Rubal a Correa para "poder seguir escuchando".

El fiscal rechaza tajantemente esta versión por ser "absolutamente ajena a la realidad". Casallo demuestra que López Rubal fue imputado "diez días antes", y no después de que Garzón ordenase la primera intervención de comunicaciones. Después, asegura que Garzón "en absoluto ocultó la referida imputación, sino que le otorgó la mayor de las publicidades". Además, López Rubal, pese a conocer su imputación el 11 de febrero de 2009 siguió siendo abogado de Correa y Pablo Crespo hasta el 27 de febrero.

La fiscalía rechaza también que Garzón continuase de forma ilegal la intervención de comunicaciones, versión que califica de "tergiversada" por Peláez y "manifiestamente inveraz". El fiscal aporta 22 documentos en apoyo de su recurso.