Una auditoría advirtió que Gramepark ya estaba en quiebra en 2008

El ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz ya tenía en sus manos, en enero de 2009, un informe demoledor sobre la situación financiera de la sociedad pública Gramepark, que hoy es uno de los principales ejes de la investigación de la trama Pretoria. Una auditoría externa a la que ha tenido acceso EL PAÍS, encargada por la ex interventora, le advertía de que la sociedad en octubre de 2008 estaba ya al borde de la quiebra y alertaba de que su "colapso" podía extenderse a las cuentas del Ayuntamiento, que se vería obligado a pedir la tutela financiera de la Generalitat.

La interventora, que la semana pasada fue apartada de su cargo, encargó la auditoría después de que saltara la alarma en algunas áreas del gobierno. Los mercados inmobiliario y financiero estaban en una crisis profunda, la empresa seguía con una intensa actividad y su deuda bancaria iba a pasar de los 51,99 millones a los 83,9 millones de euros, casi 13 veces más que sólo cinco años antes. El informe era tajante: o los planes de la empresa -que tenía un presupuesto de 60 millones cuando el del Ayuntamiento es de 80 millones- se ajustaban o la sociedad estaba abocada a la quiebra técnica.

La peor advertencia, sin embargo, tenía que ver con las consecuencias que ese colapso podía tener en las cuentas municipales. Hasta 2007, el 66% de los ingresos de Gramepark, hoy intervenida por la Oficina Antifraude, procedían de su actividad. En 2008 esa situación dio la vuelta: el 69% de las entradas provenían del Ayuntamiento. Eso significaba que el Consistorio se vería obligado, si la situación se extendía a 2009, a "imputar como propia" la deuda de 83,9 millones de la sociedad.

La actividad de Gramepark, que no daba signos de relajarse, también inquietó a los auditores. En octubre de 2008 la empresa tenía un "excesivo" volumen de promociones ejecutadas, proyectadas y en curso. En sólo un año, según el informe, las existencias de Gramepark se habían duplicado: su cartera había pasado de 47,7 millones a 95,7 millones de euros. El entorno era nefasto para aguantar esa cartera de proyectos. Primero, porque con el cierre del grifo crediticio, la producción de Gramepark tenía "serias dificultades" para hallar salida en el mercado. Y, segundo, porque las entidades financieras no estarían dispuestas a cubrir la "necesidad extraordinaria de financiación" que la sociedad tenía en esos momentos.

En 2008, además, las empresas constructoras e inmobiliarias realizaban provisiones por la depreciación de sus proyectos e inmuebles. La auditoría estimó que Gramepark debía destinar entre 4,5 millones y 10,5 millones de euros a paliar la pérdida de valor de sus activos, entre el 7% y el 20% de la valoración de ese año.

Tras examinar la situación de las promociones de Gramepark, el estado de su tesorería, su coste de estructura y la depreciación de sus activos, los auditores previeron pérdidas de 4,8 millones de euros en 2008 y la caída de los fondos propios, que incluso podían ser negativos. La conclusión era que, a pesar de que ese ejercicio se cerrara con el escenario de mercado más favorable -lo cual no ocurrió-, la sociedad "entraría en causa de disolución" si no se redirigía su actividad.

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El ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, hizo caso omiso del informe que encargó la interventora, a tenor de las cuentas que Gramepark finalmente presentó al Registro Mercantil. La sociedad pública no realizó apenas provisiones para compensar la pérdida de valor de sus activos; tan sólo ejecutó una dotación de 12.000 euros por una plaza de aparcamiento. Es más, Gramepark decidió revertir varias provisiones realizadas el año anterior por valor de 978.265 euros. De esta forma, la empresa se anotó en realidad una apreciación de sus activos, lo cual fuentes del sector consultadas ayer tachan de "irreal".

Los resultados que arrojó la empresa eran igualmente malos, pero conservaban al menos aparentemente el equilibrio patrimonial. Los fondos propios no reflejaban los números rojos sugeridos en la auditoría, sino que exhibían un capital de 6,73 millones de euros. E, igualmente, las pérdidas eran inferiores a las previstas. En lugar de 4,8 millones, la sociedad perdió 3,6 millones de euros.

Los auditores oficiales de Gramepark, sin embargo, informaron favorablemente sobre las cuentas de la empresa, sin realizar ninguna salvedad. La memoria que se presentó al Registro Mercantil fue firmada por el consejo de administración, aunque la ex interventora se negó a firmar el informe de gestión de Gramepark de ese año.