La constructora que asumió la deuda de la fundación afín a Unió también pagó a CDC

La constructora Copisa, que ha asumido la deuda de más de un millón de euros de la Fundació Catalunya i Territori, afín a Unió, también realizó una donación de 60.000 euros a Convergència en 2005. Durante los últimos tres años del pujolismo, Copisa fue la segunda adjudicataria de GISA, la empresa pública de la Generalitat que gestiona las obras públicas, la cual entre 2000 y 2003 realizó trabajos por 206 millones de euros.

Copisa aparece en el informe que la Fiscalía de Barcelona ha remitido a la Fiscalía General del Estado, en el que se constatan indicios delictivos que apuntan al diputado de Unió en el Congreso Josep Sánchez Llibre por la trama de financiación de ese partido a través de Catalunya i Territori. Al ser un aforado, corresponde al fiscal general decidir si se querella contra él ante el Tribunal Supremo o devuelve el caso a Barcelona por falta de indicios consistentes.

Sánchez Llibre le dijo al afectado que hablara con el gerente del partido

Catalunya i Territori nació en 1998 para promover y activar "las acciones necesarias para conseguir el equilibrio territorial, el sentimiento de nación, cultura y lengua nacional". En la práctica ha servido para financiar a Unió de manera irregular por diversas vías y en los últimos años, según las investigaciones de la fiscalía, a través de seis empresas del grupo empresarial IMS. El resultado de esa actividad supuestamente fraudulenta que detectó Hacienda es que 1,8 millones de la fundación acabron en esas sociedades.

Un total de 700.000 euros fueron supuestamente inyectados a las empresas desde la fundación a través de facturas falsas por trabajos que nunca se realizaron. Sobre los otros 1,1 millones, el Protectorado para las Fundaciones de la Generalitat requirió a Catalunya i Territori para que los justificara al comprobar que su actividad no tenía nada que ver con su objecto fundacional. La fundación argumentó entonces que había realizado un préstamo que Xavier Soriano, supuesto hombre de paja al que la investigación sitúa en el entorno de Sánchez Llibre, se había comprometido a devolver. En realidad, no fue él, sino Copisa, la que retornó el dinero a la fundación después de realizar el año pasado un singular contrato a Soriano para efectuar trabajos de intermediación con el fin de conseguir contratos de obras en el norte de África. Copisa declinó ayer hacer cualquier comentario.En la investigación desarrollada por la fiscalía han testificado más de una decena de proveedores de Unió, quienes han venido a avalar la trama de la supuesta financiación irregular del partido descubierta por Hacienda a través de la falsedad de algunas facturas. En otros casos, las facturas se giraron por trabajos realizados, pero que no abonó Unió, sino esas sociedades instrumentales.

Uno de esos proveedores había trabajado para el partido desde 2003 realizando trabajos de montaje de actos electorales, sonido e iluminación. Siempre había facturado a Unió sin problemas, pero a principios de 2005 acumulaba ya unas deudas cercanas a los 100.000 euros. Ante sus constantes requerimientos para cobrar, el entonces gerente de Unió, Josep Maria Núñez, ex alcalde de Vilassar de Mar y conocido como Nani, le pidió que, si quería cobrar, girase las facturas a las empresas de la trama. Y así ocurrió.

A principios de febrero de 2005, el proveedor giró cinco facturas a las sociedades Final Versión, SL; Fet i Fet, y Serveis de Gestió i Intermediació CPS, SL, por importes de entre 21.750 y 23.926 euros, IVA incluido. En menos de cuatro meses, había saldado la deuda. Con todo, por el simple hecho de haber trabajado para Unió, declaró ante la policía como imputado, pero fuentes de la investigación consideran que está libre de toda sospecha.

Cuando fue implicado en los hechos, el proveedor telefoneó al diputado Josep Sánchez Llibre y éste se desentendió y le sugirió que hablase con Joan Viura, el actual gerente de Unió, pero el proveedor se negó. Unos días después, Xavier Soriano, el hombre contratado por Copisa, también le telefoneó para calmar sus ánimos y concertar una cita que nunca se produjo.

La fiscalía considera que estos tejemanejes entre las empresas, Unió y la fundación afín podrían constituir un delito de administración desleal e incluso de apropiación indebida, pero el hecho que se considera más grave es la concesión de un préstamo de un millón de euros en 2003, por parte del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), al grupo IMS, del que faltan por devolver 727.000 euros. La fiscalía considera que los hechos podrían constituir un delito de malversación de fondos públicos y el PSC ha llevado el caso al Parlament.

Mientras tanto, tres de las empresas instrumentales de la trama ya están disueltas. En 2008 presentaron concurso de acreedores, que el fiscal considera culpable. Es decir, que la insolvencia de las sociedades se ha producido por dolo o culpa grave de los administradores. Curiosamente, en ese concurso no existe ningún acreedor. Los perjudicados fueron una decena de entidades bancarias que fueron concediendo líneas de créditos a las empresas que financiaban a Unió, muy probablemente a sabiendas del destino del dinero, según los investigadores. Ninguna entidad bancaria ha instado en el juzgado las acciones necesarias para resarcirse de la deuda, pues en su día cobraron parte de ella a través de un fondo de inversión de 700.000 euros que se compró con el préstamo del ICF.