Las negociaciones sobre la Lei de Caixas entran en punto muerto

El "moderado optimismo" que los conselleiros de Facenda y Presidencia mostraban el pasado martes para llegar a un punto de acuerdo con el Gobierno se desvaneció ayer en la segunda de las reuniones para despejar el futuro de la Lei de Caixas. Las desavenencias giran en torno a artículos clave de la ley gallega -recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional- para facilitar la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, como la renovación de los órganos de gobierno de ambas entidades en un 75%.

La Xunta ha ofrecido al Gobierno la posibilidad de plasmar literalmente lo que dicen leyes de cajas de otras comunidades, por ejemplo, sobre la capacidad de la comunidad autónoma para autorizar fusiones frías. Pero no hay consenso: "Todos los puntos están siendo revisados, no hemos cerrado acuerdos en ninguno de ellos, no hay una propuesta específica por parte del Estado ni por la nuestra", aseguró Marta Fernández Currás, titular de Facenda.

Fuentes próximas a las negociaciones aseguraron que la de ayer en Madrid fue mucho más dura que la del martes, cuando parecía que las desavenencias eran más un problema de formas que de fondo. Gaspar Zarrias, secretario de Estado de Cooperación Territorial e interlocutor del Gobierno, se agarró al recurso de inconstitucionalidad y al dictamen del Consejo de Estado para defender que el Gobierno no se moverá de lo plasmado en ambos documentos. No le vale el "corta y pega" de otras leyes, según aseguró. "Eso es una visión simplista. La redacción final tendrá que despejar claramente cualquier duda respecto a la constitucionalidad de la norma. Una ley hay que mirarla en su totalidad, no puede ser un corta pega. Esos artículos, una vez redactados, serán estudiados y veremos si infringen las normas".El representante del Gobierno central aseguró que Galicia está recibiendo el mismo trato que otras comunidades, ya que la única intención de la Administración del Estado, es que la ley gallega se adapte al "derecho positivo de nuestro país". Y volvió a alejar el fantasma del aldraxe: "No es ese, bajo ningún concepto, el interés del Gobierno de España. No es cuestión de colores políticos, esto es un debate jurídico".

Ante el estancamiento, el Gobierno gallego sigue ofreciendo tres vías: llegar a un acuerdo de interpretación en los artículos dudosos, modificarlos o redactarlos de modo similar a otras leyes que no han sido recurridas. Pero al Gobierno sólo vale una redacción nueva que se ciña punto por punto a lo escrito por el abogado del Estado en el recurso de inconstitucionalidad.

Ambas partes se citaron de nuevo para el próximo martes. A pesar de que su cara reflejaba lo contrario, el titular de Presidencia, Alfonso Rueda, puntualizó que no salía "menos optimista o más pesimista" de esta segunda ronda e incluso aseguró que su intención es cerrar el martes una propuesta que satisfaga al Gobierno para que retire el recurso. Por si acaso, Caixanova anunció ayer que suspende el proceso electoral puesto en marcha en la entidad en cumplimiento de la nueva ley ante la "inseguridad jurídica" que ha provocado la presentación del recurso de inconstitucionalidad.

Si la Xunta decidiese aceptar las exigencias del Gobierno, pondría en riesgo la alianza con el BNG que le permitió sacar adelante la Lei de Caixas en el Parlamento gallego. El líder nacionalista, Guillerme Vázquez, advirtió ayer de que no aceptará ningún acuerdo que elimine los artículos que facilitan la fusión, informa María Pampín.