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Calderón viaja a Ciudad Juárez para tomar el control

Salvador Camarena

"Recibe a Calderón una ciudad devastada". El principal periódico de Ciudad Juárez saludó ayer con ese titular la llegada del presidente mexicano, Felipe Calderón, a uno de los enclaves más castigados por el narcotráfico. "Nos tienen que tratar como si nos hubiera arrasado un huracán", había solicitado el lunes el alcalde. Que venga el presidente, pidió el gobernador del Estado de Chihuahua, criticado como indolente. Que se disculpe con nosotros, demandaron las familias de 15 asesinados el 30 de enero, la mayoría adolescentes.

Aterrizó el presidente por la mañana en Juárez, pero no iba solo. Lo acompañaban su mujer y siete ministros. En la ciudad había frío, llovizna y centenares de agentes resguardando las avenidas por las que transitaría Calderón hacia sus dos citas: una con familiares de los asesinados en Villas de Salvárcar, y otra en el centro Cibeles, donde empresarios, académicos y activistas sociales escucharían al Gabinete federal exponer su estrategia de rescate social y productivo. Entre otras medidas, Calderón tenía previsto anunciar una ayuda equivalente a 158 millones de euros para la reconstrucción de Ciudad Juárez.

Visita preparada

La visita de Calderón fue todo menos improvisada. Personal del Gabinete recorría desde hace semanas esa población fronteriza con EE UU para articular una estrategia complementaria al despliegue de 10.000 policías y militares, cuya efectividad ha sido cuestionada. Pero en la medianoche del 30 de enero, 15 personas, la mayoría jovencitos con brillante palmarés académico o deportivo, fueron asesinados por sicarios, y estalló el clamor de justicia.

El gobernador pidió una visita presidencial que ya sabía que iba a ocurrir e incluso anunció que trasladaría a Juárez los poderes de Chihuahua. Pero todo resultó una jugada política -no tiene los votos para lograrlo- ante las elecciones locales de julio.

Lo que no es montaje es el cóctel de violencia y crisis social: el 55% de las fábricas de Ciudad Juárez abastecen a la industria automotriz, la más castigada en 2009. Además, desde 2008, EE UU exige a sus connacionales tener pasaporte para reingresar a su país, lo que ha vapuleado el turismo transfronterizo y cientos de negocios. Y en medio, miles de deportados se suman al año a los migrantes que llegan hasta ese punto fronterizo y no logran cruzar al sueño americano. Sólo en 2009, se registraron 2.600 muertes violentas.

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