Caamaño acepta la división de Cataluña en siete veguerías
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró ayer en el Congreso que nada impide constitucionalmente que la administración de las provincias esté encomendada a corporaciones locales, como pueden ser en Cataluña los consejos de veguerías. El tripartito ha elaborado un proyecto de ley que contempla dividir la comunidad en siete veguerías, al tiempo que contempla solicitar al Congreso que apruebe la nueva partición.
A preguntas del diputado popular Jorge Fernández Díaz, el ministro afirmó que el artículo 141 de la Constitución contempla que la función de las provincias la asuman las Diputaciones u otras corporaciones. "Es una posibilidad que deja abierta nuestra Constitución, que se acoge al vigente Estatuto y es una solución que no significa la supresión de las provincias", afirmó Caamaño.
Fernández Díaz insistió en la inconstitucionalidad del proyecto y recordó que en 1981 el alto tribunal se pronunció en contra de la supresión de las provincias. El PP ha iniciado una campaña en contra de la nueva división territorial: por un lado, ha elevado el asunto hasta el Consejo de Garantías Estatutarias; y, por otro, ha empezado una recogida de firmas contra la partición en tres de la provincia de Lleida (Lleida; Alt Pirineu i Aran; y parte del Solsonés, que sería transpasada a la Catalunya Central).
"Queremos parar la ley y defender el territorio con una rebelión pacífica para evitar la aniquilación de la Lleida que conocemos", anunció Dolors López, presidenta del PP de Lleida, que alegó que se trata de cuestión sentimental y de pérdida de identidad y peso político. "Montilla ha vendido Lleida por un plato de lentejas, a cambio del área metropolitana de Barcelona", señaló.
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