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COLUMNA

¿Jubilarse y cobrar?

Intentemos un debate claro, ordenado y sereno sobre las pensiones. ¿Vamos a probarlo?

Lo primero que hay que decir es que la necesaria reforma del sistema de pensiones no tiene nada que ver con las políticas anti-crisis. Éstas son urgentes y a corto plazo. La reforma tendrá efectos dentro de unos 15 años. Su aprobación puede ser más reposada. La única relación es que una buena reforma mejorará la confianza interna en el futuro y la imagen externa de la economía española.

La segunda es que el sistema de financiación de la jubilación es, actualmente, un fondo de la Seguridad Social independiente de otras prestaciones, por ejemplo de la sanidad pública. Hace varias décadas, ésta iba ligada a la condición de cotizante a la Seguridad Social (si no eras trabajador, no tenías derecho a la atención sanitaria). La universalización del derecho a la Sanidad, conseguida en la década de 1980, convirtió este derecho en un derecho general, financiado por los impuestos.

Es necesario acabar con la facilidad que se ha dado a las empresas para prejubilar mucho antes de los 65 años

La tercera es que el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social funciona como en otras partes, por el sistema de reparto. En algunos países funciona por el sistema de capitalización. Éste consiste en que se cotiza durante toda la vida laboral y al jubilarse se recibe una pensión a partir del capital acumulado. (Es, también, el sistema de los fondos de pensiones privados). En el sistema de reparto, las cotizaciones de los trabajadores activos sirven cada año para financiar las pensiones de los ya jubilados. Es, de alguna forma, una solidaridad intergeneracional. Aparte de otras ventajas, este sistema tiene una característica. Si durante un periodo crece más el número de personas activas que el de jubilados, el sistema genera superávit y puede constituir un fondo de reserva. Si aumenta más el número de jubilados que el de activos, se genera déficit.

Dicho esto, repasemos la historia reciente española. En la década de 1970, cuando se fijó la edad de jubilación a los 65 años, la esperanza de vida no llegaba a 70 y la incorporación al trabajo se producía a alrededor de los 15 años, por lo que el número de personas activas era muy superior al de jubiladas, que además vivían poco tiempo. Desde entonces ha ido aumentando extraordinariamente la esperanza de vida (ahora pasa de 80 años) y se ha ido retrasando la edad de empezar a trabajar. Esto supone acortar el periodo laboral y aumentar el de jubilación. El crecimiento demográfico y, sobre todo, la incorporación de la mujer y la llegada de inmigrantes, han permitido que el gran aumento de jubilados quedara compensado por el aumento de trabajadores activos, por lo que el sistema seguirá en equilibrio por lo menos durante 10 años, pero empezará a generar déficit hacia 2023.

El fondo de reserva acumulado (unos 60.000 millones de euros) permitiría cubrir el déficit y continuar garantizando las pensiones hasta 2030, pero a partir de esta fecha el sistema entraría en una situación insostenible, ya que con la tendencia actual el número de personas jubiladas crecerá mucho más que el de las activas, y las cotizaciones no podrán cubrir las pensiones.

Hay que adelantarse y, con tiempo, reequilibrar la situación para garantizar las pensiones. No es razonable pensar en aumentar mucho la población activa; sería imprudente aumentar las cotizaciones, y hay que intentar no reducir las pensiones. Lo más lógico es evitar un crecimiento tan grande de la población jubilada y la medida más adecuada es un retraso progresivo en la edad de jubilación, que está muy acorde con el retraso en la incorporación al trabajo y con las actuales capacidades tanto físicas como mentales de las personas de edad madura. Es cierto que esta presunción no se puede generalizar a todo tipo de personas, ni de trabajos, por lo que se debe introducir flexibilidad sectorial y personal.

La primera medida no es reducir la edad legal de jubilación, sino la edad real, es decir, acabar con la facilidad que se ha dado a las empresas para prejubilar mucho antes de los 65 años, con lo que se dilapida un enorme capital humano y se hace caer sobre la comunidad los costes de las reestructuraciones.

Pactar estos temas es la única forma de infundir confianza en el futuro, al dejar la reforma blindada ante los cambios de gobierno que tendrán lugar en los próximos 20 años. ¿Somos un país suficientemente responsable para conseguirlo? Ni me atrevo a pensar que no sea así.

Joan Majó es ingeniero y ex ministro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de febrero de 2010