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Las empresas de inserción de excluidos van ganando terreno

Firmas sin ánimo de lucro y el Gobierno trabajan para que los marginados tengan plazas en la contratación pública

Cada vez más ciudadanos atraviesan casi sin darse cuenta la puerta de la exclusión social. Encontrarse de buenas a primeras en la calle, sin trabajo, sin recursos y sin fuerzas después de encadenar empleos precarios o años sin un puesto de empleo resulta más común de lo que parece.

Jassine Chahir tiene 23 años. Nació en Khouribga (Marruecos) y a los 15 años emigró a Italia con la esperanza de triunfar en el fútbol. Años después llegó a Bilbao, vía Salamanca,después de deambular como vendedor por mercadillos de media España. Pese a las dificultades que había atravesado, alguien le habló de la capital vizcaína y de aprender cocina y rehizo sus planes. "Trabajar aquí en Sondika, en el restaurante Izarza me está permitiendo soñar con tener mi propio restaurante algún día", asegura.

1.100 personas han vuelto al mercado laboral con este sistema en seis años

El sector de la segunda oportunidad facturó más de 14 millones en 2008

La actual crisis económica está sirviendo para redefinir el perfil de las personas en riesgo de exclusión, y ampliar el mapa de potenciales afectados desde el estereotipo de colectivos como los inmigrantes o las personas de etnia gitana, a los ciudadanos que se han quedado fuera del mercado laboral, o a individuos con problemas de consumo de drogas y alcohol, jóvenes con dificultades de adaptación y mujeres maltratadas, entre otros grupos sociales.

Carmen Martínez (Pontevedra, 1969), delineante de profesión, llegó un día a un piso protegido de Irún, sin recursos económicos, con las heridas mentales y físicas que deja el maltrato, y con tres hijos a los que tenía que seguir educando y alimentando. "Ahora la inserción laboral es satisfactoria. Estoy haciendo ventanas de aluminio en Irún. Hasta seguimos las evoluciones del convenio del Metal en Guipúzcoa", asegura.

Unas 500 personas que vivían en situaciones de exclusión social se encuentran en la actualidad contratadas en Euskadi por empresas de inserción, unas sociedades mercantiles creadas por asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer al ciudadano en dificultades una segunda oportunidad. Las empresas les contratan durante un ciclo de tres años y les enseñan una profesión hasta que se hallan listos para reinsertarse elaboralmente. Incluso tutelan el proceso de contratación posterior al acompañarles en la búsqueda de su primer trabajo fuera de esas empresas de inserción. En apenas seis años, el medio centenar de pymes que se dedican a esta labor han logrado recolocar en el mercado laboral a 1.125 personas que habían sido expulsadas del sistema.

El Gobierno considera que ahora ha llegado el momento de dar el salto. Ejecutivo y empresas están trabajando en la aplicación de un acuerdo de 2008 que obliga a aplicar una serie de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública cuya principal consecuencia es que habrá plazas reservadas para personas en situación o riesgo de exclusión social.

"Es la oportunidad para crecer", asegura Carlos Askunze, coordinador de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, Gizatea, que agrupa a un total de 42 de las 48 firmas de este tipo certificadas por el Ejecutivo autónomo. "Entre todos hemos convertido el sector en una realidad como para ser considerada, y ahora hay que luchar para que además del Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos incluyan cláusulas sociales en sus contrataciones", apostilla.

Este sector de las segundas oportunidades factura ya más de 14 millones de euros, según los datos de 2008, y sus principales actores coinciden en un hecho: "Estamos ante una buena oportunidad" para iniciar el despegue hacia volúmenes de contratación y facturación mayores.

Las empresas de inserción se reparten por casi todos los sectores. El restaurante vizcaíno Izarza es una de ellas. Su gerente, Francisco Piedra, explica: "Cuando Jassine termine su ciclo formativo, podrá trabajar de oficial de cocina en cualquier restaurante". Piedra detalla que en los empleados de inserción tienen una doble responsabilidad: "No sólo trabajan y cobran. Lo fundamental es que tienen que aprender y cumplir objetivos, también personales. El restaurante es una buena escuela" El Izarza dispone de la Q de calidad.

Jassine habla árabe, francés, e italiano. "Ahora sé que la formación y la educación son las claves para rehacer tu vida, y para empezar a pensar en responsabilidades", asegura. Las empresas de inserción están reguladas por ley. En la actualidad, cerca del 60% de sus plantillas las forman ciudadanos en riesgo de exclusión. El Gobierno ha presupuestado para este cometido en 2010 un total de 11 millones de euros, ya que cada puesto está subvencionado con 12.300 euros anuales. Es la subvención más alta que ofrece cualquier comunidad autónoma, y, en consecuencia, el sector vasco es el más desarrollado de España. Frente a los 500 empleados de este tipo existentes en Euskadi, Castilla y León se queda en 175, Aragón en 156 y Madrid, sólo 63.

En Vizcaya cuentan además con el apoyo de la fundación BBK Solidaria, que en 2009 financió a las empresas de inserción con 10,6 millones de euros. "Estas empresas son el ejemplo más claro del modelo que quiere impulsar el Gobierno", explica el responsable de Inclusión Social de Asuntos Sociales, Pedro Sánchez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de febrero de 2010