El Gobierno balear auditará las empresas y organismos que gestionó Unió Mallorquina
La socialista Joana Barceló, portavoz del Gobierno de Baleares y nueva consejera de Turismo, anunció ayer que se realizarán auditorias externas en las empresas públicas y organismos que controló de manera exclusiva Unió Mallorquina (UM), partido expulsado del pacto de centro izquierda por sus escándalos de corrupción. Barceló atribuyó la decisión de realizar esas inspecciones a fondo al deber de "clarificar" la gestión económica en los organismos públicos, así como a "un compromiso de transparencia" y al propósito de "rendir cuentas" a los ciudadanos.
En el nuevo Ejecutivo desaparecerán dos de las tres carteras que dirigieron representantes de Unió Mallorquina y sólo se mantiene el departamento de Turismo. En Trabajo entra un nuevo consejero, Pere Aguiló (PSOE), para cubrir la vacante que deja la marcha de Joana Barceló a la Consejería de Turismo.
En Baleares, la mayoría de la quincena de casos de malversación de caudales que se investigan ha sido destapada en consorcios y compañías públicas ajenas al régimen de fiscalización previo y control de la Intervención. Una nueva Ley del Sector Público se tramitará con urgencia en el Parlamento.
El Ejecutivo de Francesc Antich (PSOE) está ahora en minoría, a falta de tres votos, en el Parlamento autónomo porque suma 27 escaños frente a los 29 que tiene el PP. UM se convierte en decisiva, con sus tres diputados, al igual que en el Ayuntamiento de Palma y en el Consell de Mallorca.
"El PP que no quiere gobernar a cualquier precio", según su presidente, José Ramón Bauzá, quien subrayó que no presentará una moción de censura junto con UM. En cambio, exige al presidente socialista Francesc Antich que tramite ante la Cámara una cuestión de confianza. El PP espera que el PSOE no logre de nuevo el apoyo de UM y que Antich dimita.
El Ejecutivo de Antich quedará formado por socialistas y los tradicionales aliados nacionalistas rojiverdes del Bloc (PSM-IU-Verds). La mitad de los puestos de altos cargos que UM tenía en sus departamentos desaparecerán, así como un 20% de las empresas autonómicas.
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