Excarcelado por error judicial un guardia civil que mató a su pareja

Un guardia civil que en diciembre de 2007 disparó a su novia María Luz Pose con su arma reglamentaria a las puertas del cuartel donde trabajaba ha quedado en libertad por un error judicial. La juez del juzgado de Instrucción número 3 de Cambados, Eva Armesto, apuró en exceso los plazos para pedir la prórroga de la prisión preventiva que exige la presencia del reo en el juzgado. Y Jaime Maíz, encarcelado en Logroño, cumplió los dos años de cárcel preventiva en pleno viaje. Su abogado paró en Chantada (Lugo) e interpuso un habeas corpus. La Audiencia Provincial de Pontevedra acordó su excarcelación.

El elevado riesgo de fuga del guardia civil invocado por la Fiscalía no bastó al tribunal para mantenerlo en prisión. Tampoco la alarma social. Ayer, veinticuatro horas después de conocerse el fallo, la jueza de Cambados, no tuvo otra salida jurídica que cumplir el dictamen de la Audiencia y dejar en libertad provisional a este hombre que se enfrenta a una condena de entre 15 y 20 años de cárcel. La Fiscalía presentará un recurso de Súplica para revocar el fallo.

El agresor deberá ir a diario al juzgado y no podrá pisar Cambados

El auto ha indignado a la familia de la víctima que aún no se ha sobrepuesto del crimen. En la madrugada del 18 de diciembre de 2007 y ante varios testigos, el guardia civil -hoy suspendido- empuñó su arma reglamentaria y disparó en la cabeza a Pose, de 43 años, cuando se disponía a denunciarle por acoso y amenazas. Era madre de tres hijos, dos varones que ahora tienen 27 y 20 años y una chica de 14, fruto de otro matrimonio. Emprendedora empresaria, era una persona muy conocida en Cambados donde había sido presidenta del colectivo de comerciantes.

Ahora su presunto asesino, de 36 años, queda en la calle hasta que se celebre el juicio y aún no hay fecha señalada. Eso sí, el presunto asesino de Posse tendrá que entregar el pasaporte y comparecer diariamente en los juzgados de Ferrol, donde está domiciliada su familia. Y no podrá acudir al término municipal de Cambados, donde se produjeron los hechos, y tampoco podrá aproximarse o comunicarse con ningún miembro de la familia de la víctima.

La jueza instructora del caso, Eva Armesto, será la encargada de velar por el cumplimiento de estas obligaciones mediante el consiguiente informe que diariamente tendrá que enviarle el juzgado de Ferrol sobre presunto homicida.

Tras este error judicial y la respuesta "rigorista" de la Audiencia hay una historia rocambolesca y una operación bien medida y calculada por la defensa. La magistrada pidió la comparecencia del procesado, dos días antes de cumplirse el plazo de su detención, que tuvo lugar el 18 diciembre de 2007, pero la Audiencia interpreta que el cómputo no fue correcto y ha tenido en cuenta la hora en que había sido detenido, no de madrugada sino a las 12.00 del día siguiente.

Jaime Maíz se encontraba en un módulo especial de la prisión de Logroño cuanto fue requerido por la jueza de Cambados con la intención de prorrogarle la prisión provisional. Era conducido en un furgón policial cuando en el trayecto se produce un incidente sorprendente, según las fuentes judiciales consultadas. El preso interrumpió el viaje y planteó un habeas corpus por detención ilegal en un juzgado de Chantada (Lugo), donde invocó que el plazo para prorrogar su situación procesal había expirado. La argucia judicial, que fue desestimada por otro tribunal lucense, en Monterroso, prosperó.

"El tribunal no ha tenido en cuenta estos enredos y ha aplicado los plazos al pie de la letra", comentaron las mismas fuentes. "Y las cuestiones domésticas sobre si se produjo un retraso en la comparecencia del reo o si la jueza tenía que haber sido más precavida señalando la citación judicial para el día 14 en lugar del 16 son cuestiones que no le importan a la Sala. No analiza las causas sino las fechas", apuntaron.

Con semblante tranquilo y aparentemente ajeno al revuelo mediático que ha causado su excarcelación, Jaime Maíz compareció ayer en el juzgado de Cambados tras abandonar la prisión pontevedresa de A Lama a la que no tendrá que regresar hasta que un tribunal popular le juzgue por asesinato, a no ser que incumpla las medidas cautelares que le han impuesto los jueces.