El juez imputa a la ex alcaldesa de Pinto, del PP, por irregularidades

Miriam Rabaneda, ex alcaldesa popular de Pinto, y su hermana Tamara, ex concejal de Hacienda de la localidad, han sido imputadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Parla. En el auto se advierte de que en el año en que el PP gobernó Pinto (2007-2008) los técnicos municipales redactaron varios informes contra pagos autorizados por la alcaldesa y su hermana, y presentaron reparos a la legalidad de ciertas operaciones por falta de liquidez del Ayuntamiento o por no respetar el orden y la preferencia de pagos.

La alcaldesa y la concejal hicieron oídos sordos a las recomendaciones del tesorero e interventor municipal cuando alertaron sobre la dudosa legalidad de muchas operaciones de caja. Los fundamentos jurídicos del auto fijan que el comportamiento de las hermanas Rabaneda "pudo entrañar un uso abusivo de sus competencias, al intentar imponer su voluntad por encima de cualquier otra consideración en un ejercicio despótico de sus atribuciones".

El magistrado dice que las arcas públicas perdieron 11 millones en 20 días

El tesorero y el interventor alertaron de varias irregularidades

Muchos pagos se hicieron en vísperas de la moción de censura del 22 de diciembre que desalojó al PP del poder. El saldo del Ayuntamiento pasó de ser de 13.613.503 euros el 2 de diciembre a 2.581.401 tan sólo 20 días después. El auto resalta la "contumacia con que la que las denunciadas, el 19 de diciembre, ordenaron efectuar los pagos de gastos" y destaca que se actuó "obviando la necesidad de los funcionarios de efectuar el obligado arqueo ante el anunciado relevo del gobierno municipal".

Miriam Rabaneda negó ayer todos los cargos: "Mi gestión estuvo siempre pensada en interés de los vecinos. En el tiempo que dirigimos el Ayuntamiento recibimos a cientos de proveedores y personas con deudas y lo que queríamos era sólo pagarles. Todo lo que se hiciera en ese sentido estuvo bien. Y trabajamos dentro de la legalidad".

El auto interpreta como un indicio de corrupción que de la aceleración de pagos previa a la moción de censura se beneficiara más de una empresa que "mantiene vínculos incluso políticos con los denunciados".El 18 de enero, el juez imputa a Miriam y Tamara Rabaneda por "las órdenes de pago efectuadas contraviniendo el procedimiento a que obligaban los reparos de legalidad" emitidos por los interventores. El juez descarta la acusación de malversación hecha por el nuevo alcalde; las diligencias contra los siete integrantes del gabinete popular de Pinto también quedan archivadas.

Cuando el 22 de diciembre de 2008 el PSM desalojó mediante moción de censura al PP de la alcaldía de Pinto, el nuevo alcalde socialista, Juan José Martín Nieto, declaró que el cambio pretendía sacar al municipio del "desgobierno" en que lo habían sumido la "soberbia y prepotencia" de Miriam Rabaneda.

Populares y socialistas han intercambiado durante dos años acusaciones de desangrar las arcas municipales y han solicitado mutuamente al Tribunal de Cuentas la revisión de sus cuentas de Gobierno. A la vez, Martín Nieto presentó una demanda contra toda la corporación del PP, que es la que ha llevado a la imputación de la alcaldesa Rabaneda y su concejal de Hacienda.

Ante la exuberancia crematística de las Rabaneda, los informes de la Intervención Municipal alertaban sobre la posibilidad de que el dinero se agotara y no se pudieran pagar las nóminas a empleados municipales. La ex alcaldesa sostiene que los salarios estaban asegurados.

Según la denuncia del actual equipo de Gobierno, el tesorero y el interventor del Ayuntamiento alertaron sobre irregularidades como el otorgamiento de subvenciones sin justificar; encargos a la empresa municipal de limpieza Aserpinto que podían no ajustarse a la legalidad; o fraccionamientos de pagos con la intención de eludir el límite fijado por la ley para contratos sin concurso público. En total, 264 informes desfavorables fueron avalados por el interventor municipal. Todo eso antes del 9 de diciembre de 2008, porque en los días previos a la moción de censura se multiplicaron los pagos a proveedores y los informes negativos.

"Yo dije que hasta el día antes de la moción iba a continuar trabajando", se defiende la ex alcaldesa. Ante la pregunta de si eso equivalía a acelerar pagos a proveedores, responde que no: "Ésa no era nuestra prioridad. Se siguió trabajando con normalidad". El auto de imputación revela que, en los días antes de dejar el poder, Rabaneda continuó tomando decisiones determinantes. Una de ellas le costó a las arcas municipales cinco millones de euros que el Ayuntamiento había ingresado por un convenio urbanístico. Dos días después de presentarse públicamente la moción de censura, Rabaneda devolvió a los promotores los cinco millones que habían pagado como primer plazo del acuerdo.