El ex jefe de Multas de Lugo admite el caos de la unidad ante la juez

La unidad de sanciones de la Policía Local de Lugo era un caos por la carga de trabajo y se admitían alegaciones verbales a las multas. Así lo reconoció ante la juez el agente que estuvo al frente de esa sección, Antonio Balea, quien responsabilizó de la situación a los cargos políticos y la dirección del cuerpo. Lo hizo en su declaración ante el juzgado que instruye diligencias por el presunto archivo irregular de multas en la policía lucense. Balea está imputado por tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.

El agente negó que en la Policía Local de Lugo existiera una unidad de sanciones específica. La afirmación de Balea ante la juez contradice una sentencia laboral en su favor. El fallo obliga a reponer a este policía en el cargo de máximo responsable de la sección que, según dijo ayer él, no existe. Durante el interrogatorio -que se prolongó por espacio de hora y media-, el imputado respondió cuestiones sobre la confección de boletines de denuncia y los supuestos defectos de forma que se argumentaban para su inviabilidad. Balea tuvo que dar explicaciones sobre una multa que se retiró pese al informe desfavorable del agente sancionador, un proceso en el que el policía negó haber incurrido en irregularidades.

El ex jefe de Sanciones de la Policía Local reiteró, tal y como ya han manifestado otros agentes, que se realizaban alegaciones verbales a las multas y explicó que existía un impreso tipo para retirar las denuncias, aunque no pudo identificar ni el logotipo ni el escudo que figuraba en el mismo como del Ayuntamiento.

A la salida del interrogatorio, el letrado defensor de Balea, Miguel Ángel Fernández, afirmó que su cliente puso de manifiesto "el despropósito del funcionamiento de lo que era la unidad de sanciones de la Policía Local". El abogado entiende que el caso no debe seguirse por el trámite penal sino por la vía administrativa.

El Ayuntamiento de Lugo se ha personado en este caso como acusación particular, una circunstancia que provocó la denegación de asistencia letrada a uno de los agentes municipales por un posible conflicto de intereses. Ante la juez han pasado ya seis policías y tendrán que hacerlo como imputados otros 71, además de todos aquellos que cite la instructora como posibles beneficiarios. En el caso se investigan unas 200 sanciones y en el sumario aparecen registradas varias conversaciones telefónicas.