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Montilla aprueba la nueva división territorial para contentar a ERC

La Generalitat proyecta suprimir las cuatro diputaciones

Àngels Piñol

Esquerra Republicana (ERC) se ha salido con la suya. El presidente de la Generalitat, José Montilla, contentó ayer la vieja aspiración de sus socios republicanos y presentó el anteproyecto del nuevo mapa territorial de Cataluña, que prevé dividir las cuatro provincias en siete veguerías, término vigente hasta el siglo XVIII y que desapareció tras la Guerra de Sucesión. El plan no despierta entusiasmo en el Partit dels Socialistes (PSC) porque, con la crisis actual, es un tema secundario. Montilla hace otra lectura: no quiere dejar cabos sueltos de cara a las elecciones de otoño ni que nadie le reproche un incumplimiento, porque las veguerías forman parte de su programa de gobierno.

Tras la reunión del Gobierno y de forma excepcional, Montilla compareció para presentar junto al consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, de ERC, el plan que deja a las diputaciones tocadas de muerte porque sus funciones se traspasarán a los Consejos de Veguerías. El proyecto contempla partir en dos tres de las cuatro provincias catalanas: Barcelona pasaría a dividirse en Barcelona y Cataluña central; Lleida, en Lleida y Alto Pirineo y Aran; Tarragona, en el Camp de Tarragona y Tierras del Ebro y Girona seguiría igual. El plan sólo recibió los elogios de los dos socios de los socialistas -los republicanos y los ecosocialistas- pero desencadenó una oleada de reacciones en contra de dirigentes territoriales de los mismos partidos. El síndico [máxima autoridad] del Valle de Aran, del PSC, alertó que recurrirá al Congreso porque cree que el proyecto le usurpa autonomía; el alcalde de Lleida, también socialista, lamentó la partición de su provincia y el de Tarragona, que su nombre vaya precedido por el del Camp. Montilla aseguró ayer este nuevo nivel administrativo no tiene por qué provocar un aumento del número de funcionarios porque absorberá los de las diputaciones. La letra pequeña de la ley se discutirá en el Parlamento y existe la duda de si se aprobará en esta legislatura, a la que apenas le quedan nueve meses.

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