El consenso del 'no' al decreto

Son 28 las asociaciones, sindicatos, partidos e instituciones que recibieron la llamada de la Xunta para que expusieran sus sugerencias al decreto del plurilingüismo en las aulas. Durante varias maratonianas jornadas, que terminaron la semana pasada, los representantes de la Consellería de Educación se reunieron con ellos para conocer lo que opinan de las bases que hay sobre la mesa. Sólo cuatro -entre los que se cuenta el propio Partido Popular- se mostraron a favor de los puntos fundamentales del texto y expusieron una sintonía general con los cambios.

Prácticamente todas las demás (ver cuadro) lo han rechazado de plano o han pedido hacer cambios decisivos que afectan al núcleo del decreto, como la capacidad de los padres de elegir el idioma de las asignaturas o la distribución entre las dos lenguas oficiales en Galicia. La mayoría cree que no era necesario un cambio de decreto o pide mejoras más acordes con el que ya había. Sectores nacionalistas como el BNG, o los sindicatos CIG y STEG, reclaman que se retire y se replantee desde cero, "sin dar pasos atrás". El PSdeG solicita que se recurra al Parlamento para debatir el texto. Pero también hay otras asociaciones que creen que la nueva norma se queda corta y debe ser más renovadora, como Galicia Bilingüe.

Fuentes de la Xunta aseguran que habrá pocos cambios en el texto

La opinión generalizada es que el gallego debe ganar peso

La elección de los padres es la medida más contestada por las organizaciones

La Consellería de Educación espera hasta hoy, cuando el Consello da Cultura Gallega emita un informe sobre las bases del decreto. A partir de aquí comenzará a hacer modificaciones para presentar una propuesta definitiva que llevar al Consello Consultivo y al Escolar, que tendrán también que aportar sus opiniones. Es más que previsible que el dictamen de la institución cultural propine un duro golpe a las bases presentadas el penúltimo día de 2009 por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez. Ya sucedió lo mismo con la Real Academia Galega. Sin embargo, fuentes de Educación aseguran que los cambios que se harán serán mínimos y que se respetarán las líneas fundamentales que ya hay planteadas. Las más importantes son tres, mayoritariamente rechazadas por los colectivos que se han reunido con la Xunta: elección de los padres, introducción del inglés y proporción entre el castellano y el gallego.

- La elección de los padres. No contenta a casi nadie. Hay una minoría (Galicia Bilingüe y la Mesa por la Libertad Lingüística) que piensa que es insuficiente. Creen que no basta con dar a los padres la capacidad de votar algunas asignaturas concretas, sino que deben elegir el idioma en la enseñanza.

Pero esta opinión es muy residual entre los colectivos que se reunieron con Educación. La postura generalizada es la que se resume con esta opinión de la Asociación de Centros de Economía Social de Galicia: "La participación de los padres y las madres es fundamental y su colaboración es imprescindible para alcanzar los objetivos de una formación integral de sus hijos. Pero instrumentalizar esta colaboración a través de votaciones que condicionen los proyectos pedagógicos no es un modelo razonable". Es sólo un ejemplo, pero se podrían haber escogido argumentos similares de casi cualquiera de los colectivos que se reunieron con la Consellería: partidos, asociaciones de padres y madres, de directores o sindicatos. Incluso el sindicato ANPE, el más cercano al PP, cree que "se tendrá que echar atrás tal y como está planteado". También la Confederación Gallega de ANPA de centros privados (Congapa), en sintonía con el nuevo decreto, pidió al conselleiro que estudie "otro modelo" para la elección del idioma de las materias por parte de los padres. Otros colectivos, como la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística, añaden que "puede generar una problemática en su aplicación que derivaría en un conflicto no deseado en los centros". En otro plano, la Asociación Galega de Editores argumenta que "sería imposible tener un estudio de mercado" para cada vez que se pregunte a los padres.

- El inglés. Incluso la propia Consellería de Educación ha tenido que aclarar que no se puede plantear a corto plazo y que es un objetivo de futuro. En el asunto de la lengua extranjera hay colectivos que lo consideran una buena idea, como la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que piensa que es "una apuesta decidida por el inglés". Pero, independientemente de esto, la mayoría opina que es algo utópico. El presidente de la Federación de Centros Públicos de Galicia y miembro de la Xunta autonómica de directores, Xosé Antonio Pardo, aseguró que la norma es "imposible e inviable de aplicar en los centros educativos gallegos tal como está", ya que "no se dispone de recursos económicos ni humanos" para llevarlo a cabo. "Necesitamos profesorado para poder funcionar".

Otra opinión extendida es la que expone el sindicato CSIF a través de su representante de educación, Emérita Fernández: "Por supuesto nos parece muy interesante meter una lengua extranjera. Pero entendemos que no se debe mezclar en un decreto que regula el gallego".

- La proporción de las lenguas. Una postura al respecto es la de Marga Leis, de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Congapa), que percibió "muy buena voluntad por parte de la consellería" al ver "propuestas razonables y no imposiciones". "En ningún momento vi que se esté intentando restar importancia al gallego, que es nuestra lengua", dijo tras reunirse con Educación.

Pero, una vez más, no es ésta la postura más asentada. Está mucho más extendida la que defiende, entre Federación de Religiosos de la Enseñanza de Galicia (Ferega), que agrupa a 124 colegios: "El gallego es un valor fundamental de nuestro pueblo que hay que promocionar porque no está en las mismas condiciones sociales que el castellano y el inglés". Con esta tesis, el gallego no sólo debe estar al 50%, tal como pretende la Xunta, sino que debe ganar más espacio. Son criterios que exponen, por ejemplo, todos los sindicatos excepto ANPE. Pero continuando con el razonamiento de Ferega, la nueva norma "no potencia suficientemente el gallego". "El Estatuto obliga a los poderes públicos a potenciarlo porque está en inferioridad con respecto al castellano o incluso al inglés. El gallego no está en las mismas condiciones sociales, ni en los medios de comunicación", concluye.

Y, de nuevo, hay una postura distinta (y marginal) a las dos anteriores, que considera que incluso un 50% de gallego es una "imposición".

Todo esto y mucho más (como cuestiones técnicas o más específicas) escucharon los principales responsables de Educación. Ahora queda por saber si toman nota o hacen caso a esa "mayoría silenciosa" a la que siempre aluden los dirigentes populares y que, supuestamente, respalda plenamente sus tesis.