CC OO y UGT se rebelan contra el plan del Gobierno

El ajetreado último viernes de enero ha dejado sobre el tapete un plan para retrasar las jubilaciones y otro de austeridad económica, aprobados por el Consejo de Ministros, y la publicación de unas desastrosas cifras de paro y empleo en 2009. Las tres cosas han dejado muy mal sabor de boca a los sindicatos, sobre todo en lo que se refiere al retraso de las jubilaciones. La propuesta no ha sido remitida a los representantes de los trabajadores. Será después del debate parlamentario de la subcomisión del Pacto de Toledo por la que obligatoriamente tiene que pasar cuando puedan meter la cuchara, aunque tanto UGT como Comisiones Obreras tienen fundadas esperanzas de que no lo tengan que hacer porque se habrá resuelto en la citada subcomisión que vela por las pensiones.

Los sindicatos exigen que se respeten los acuerdos sociales

Los dirigentes sindicales piden una reforma fiscal para recaudar más

"No compartimos la propuesta, esperamos que tras el debate parlamentario no siga adelante", señala Cándido Méndez, secretario general de UGT. "Y no lo compartimos, primero porque supone un recorte de las prestaciones y segundo porque está a contrapelo de la realidad del país", según Méndez. Para este líder sindical, las estrategias empresariales van precisamente por la vía de retardar la contratación de jóvenes y de forzar la salida de los mayores de 50 años. "Se deberían discutir medidas para restringir los despidos de los mayores de 50, que difícilmente encuentran trabajo", apunta. "El sistema tiene una salud razonable y no justifica cambios", manifiesta Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, que añade: "Vamos a plantear una campaña para que llegue a todas las empresas y que se produzca una reconsideración de la propuesta, también seremos consecuentes, es decir, aplicaremos los acuerdos que ya existen, y esperaremos las conclusiones del Pacto de Toledo; a partir de ahí, si no se modifica el plan seremos beligerantes".

Los dos dirigentes sindicales coinciden al señalar que existe una jubilación flexible que permite adelantar o atrasar y que existe recorrido entre la jubilación real y la obligatoria para hacerlas converger. La ley, como recuerdan los sindicatos, ya contempla que se puede incentivar el retraso de la jubilación con el 2% cada año y con el 3% si tiene más de 40 cotizados. Además, la jubilación real en España está en los 63 años y 10 meses, mientras en Alemania, país que ha puesto en marcha medidas para retrasarla, está algo por encima de los 61 años.

Según Toxo, "siempre que se acomete la viabilidad del sistema público de pensiones se acaba recurriendo a la lógica del recorte del gasto, cuando se debería hacer por la vía de los ingresos". Méndez añade otro dato sobre esta discusión: "De las 30 comparecencias que ha habido en la subcomisión, la práctica totalidad no ha hablado de retrasar la edad de jubilación. Yo, en concreto, propuse recuperar la búsqueda de fuentes alternativas de financiación manteniendo la cotización como la principal, pero considerarla como exclusiva".

Sobre el plan de austeridad, el líder de UGT afirma: "Yo creo que el Gobierno ha querido mandar un mensaje a los mercados financieros; pero al Gobierno le han aplastado los acontecimientos y como tiene el corsé de la UE no ha tenido más remedio que tomar medidas. Sin embargo, tenía que haberse batido el cobre en Europa e intentar que en el denominado Plan de Estabilidad y Crecimiento se conjugue primero el crecimiento que la estabilidad".

El líder de CC OO recuerda que su sindicato ya sostuvo que "las cuentas que se habían incluido en los Presupuestos del Estado no podían cuadrar, que el encaje que se hacía era un espejismo".

Los dos inciden en la necesidad de abordar una reforma fiscal en profundidad para mejorar los ingresos, garantizar el gasto social y acometer el pago de la deuda. "Es preciso hacer un sistema más progresivo; buscar fórmulas para mejorar la capacidad de recaudación y, en ese sentido, deberían tenerse en cuenta la caída de ingresos por la actividad inmobiliaria, sobre todo en algunas comunidades autónomas", dice Méndez. Para Toxo, también debe "el combate contra el fraude fiscal, de haberlo hecho no estaríamos ante el sinsentido de haber aprobado los Presupuestos y un mes después tomando medidas de ajuste".

La gran pregunta para los sindicalistas es de dónde se recorta. En cualquier caso, ven positivo que se mantenga el compromiso del gasto social, que no lo han tocado como han hecho otros Gobiernos. Pero recuerdan: "Hay que ver si se cumple el compromiso con los empleados públicos con las retribuciones. Se subió este año el 0,3% con el compromiso de la vicepresidenta Fernández de la Vega de recuperar el poder adquisitivo a lo largo de la legislatura, esperemos que lo cumplan". Méndez remata: "Estamos obligados a pasar de un modelo de factor trabajo a otro de factor productividad y, o se buscan fórmulas para financiar ese cambio de modelo, o todo queda en papel mojado".

Por último, sobre el paro hay un elemento preocupante: la reducción de la población activa y la destrucción neta de empleo. Los sindicatos están comprometidos en el diálogo social tanto bipartito (con la patronal) como tripartito (con la patronal y el Gobierno) para buscar las vías de conseguirlo y hacer posible el binomio de protección del empleo y los salarios, "que no son incompatibles". "Lo mejor para generar confianza es ofrecer un acuerdo con los empresarios que sirva de paraguas para los próximos años y que regule los salarios (poder adquisitivo), los beneficios empresariales (las inversiones) y el empleo, acabando con la temporalidad. Pero si no hay actividad económica, no se crea empleo", completa Toxo.