La Xunta expropia terrenos para dos empresas mineras

El Consello de la Xunta tiró ayer del mecanismo de la expropiación para poner terrenos a disposición de dos empresas privadas, ambas dedicadas a explotaciones mineras. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apeló a la necesidad de salvar los 60 empleos que suman las dos compañías para justificar la decisión tomada por su Gobierno. "De lo contrario, tendrían problemas por la limitación del espacio", explicó.

Las empresas que se beneficiarán de esta medida son Cuarcitas y Ornamentos, S.L., con sede en Ribadeo, y Explotaciones Cerámicas Españolas, S.A. (ECESA), radicada en Foz. Los decretos que establecen la urgente ocupación de los terrenos fueron aprobados a propuesta de la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, de la Consellería de Economía e Industria, que dirige Javier Guerra. La Xunta considera que la medida "está justificada y es necesaria para garantizar la seguridad en la explotación". En el primer caso, la consellería apela a la necesidad de asegurar "la estabilidad de los terrenos" de la concesión minera, mientras que en el segundo se refiere a la necesidad de garantizar "la minoración de los riesgos en las labores de explotación". "Hay 60 empleos amenazados si no expropiamos", afirmó Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

En la misma reunión del Gobierno gallego se aprobó una modificación puntual del Plan Acuícola de la Xunta, por la que se establece el polémico cambio en la propiedad de los terrenos. Si en el plan que aprobó el anterior Gobierno bipartito, las granjas se establecían en terrenos públicos mediante un sistema de concesión, el que promueve la Xunta del PP deja la titularidad del suelo en manos privadas.

En el anuncio de este acuerdo, Feijó se centró en la posibilidad de que las empresas puedan comprar los terrenos directamente a los propietarios de común acuerdo, sin necesidad de ir a una expropiación. Aunque dejó claras cuáles son las prioridades para el Gobierno que preside: "Lo primero es la seguridad de las inversiones y de los emprendedores, ese es un objetivo fundamental", comenzó. "Y en segundo lugar, proteger los derechos propietarios". En ese orden.

La propiedad de los terrenos será, argumenta la Xunta, una "garantía de las inversiones" que realicen las empresas del sector acuícola. Feijóo consideró este aspecto de especial relevancia, en un momento de "crisis y dificultad en los créditos. De paso, se dota de "seguridad jurídica" a las entidades privadas, "que hacen unas inversiones que sólo van a regular a largo plazo".

El cambio afecta a las 24 instalaciones autorizadas por el Gobierno para establecerse en el litoral, en unos terrenos que, según Feijóo, no podrán utilizarse para otra cosa que no sean piscifactorías. "Eso queda claro en el sistema que la licencia de actividad que da la Xunta", sostuvo.

Con el nuevo sistema, las empresas cuyos proyectos reciban la aprobación de la Consellería do Mar "podrán negociar directamente con los propietarios de los terrenos", lo que permitirá "condiciones más ventajosas para el particular", ya que "partirá del mínimo fijado para la expropiación". El Gobierno gallego recurrirá a este sistema forzoso, según Feijóo, en un caso concreto: "Sólo cuando la mayoría ya vendió y quedan unos pedazos se recurrirá a la expropiación".