Un modelo en vías de extinción en Valencia

La Comunidad Valenciana es una de las autonomías que más lejos ha llegado en la cesión de servicios públicos a la iniciativa privada. Lo ha hecho en sanidad desde 1999 mediante el denominado modelo Alzira, que consiste en otorgar a empresas privadas la gestión sanitaria integral de áreas de salud enteras. Y lo hizo también en políticas sociales con fórmulas como el bono-residencia, unas ayudas individualizadas que se implantaron en 1996 y que están de capa caída frente al modelo de conciertos por el que apuesta actualmente la Generalitat. De hecho, ya no se dan nuevas altas en el bono.

Esta modalidad nació un año después de la llegada de Eduardo Zaplana al Gobierno valenciano. Ante el grave déficit de residencias públicas de la tercera edad, la Generalitat ideó una fórmula que denominó bono-residencias, una especie de cheque nominal que se concede a personas mayores y sirve para sufragar parte de su estancia en determinados centros privados adheridos al programa. Bajo estas ayudas no se puede acceder a cualquier residencia privada, sino a las acreditadas, es decir, aquellas que, a juicio de los servicios sociales valencianos, cumplen unos mínimos estándares de calidad.

En su primer año, la medida contó con un presupuesto de 0,9 millones de euros. En 2002, la cifra alcanzó los 25,8 millones y 5.264 usuarios. El bono sirvió de parche, pero no consiguió revertir la falta crónica de centros. En 1999, la Comunidad Valenciana era, sólo por delante de Ceuta, la que tenía un peor ratio en plazas residenciales para la tercera edad.

Ante este escenario, la Generalitat ideó en 2001 otra fórmula destinada a aumentar el número de residencias que, poco a poco, fue arrinconando al bono. La Administración sacó un concurso para la construcción de 73 residencias y la puesta en el mercado de 9.000 plazas repartidas entre las poblaciones más necesitadas de este recurso. Como contrapartida, el Gobierno valenciano se comprometía a subvencionar una tercera parte de camas con usuarios propios. Años más tarde, la Generalitat eliminó este listón, de forma que extendió la posibilidad de subvencionar a la totalidad de plazas de estos centros.

Actualmente, la Generalitat cuenta con 4.000 plazas propias y unas 11.000 sostenidas con fondos públicos a través de distintas fórmulas, como subvenciones o conciertos. Del bono sólo quedan 2.000, que se mantendrán hasta que fallezcan sus usuarios.