El autor de un informe irregular devuelve el dinero a la Generalitat

La polémica por el encargo de informes de dudosa utilidad por parte del Gobierno catalán en 2007 sigue levantando polvareda dos años después. El último episodio lo ha protagonizado el Departamento de Economía, que, a raíz de una investigación interna, ha concluido que uno de los informes que encargó en aquel ejercicio fue contratado de forma irregular. La conclusión es que el proveedor del dictamen, ex alto cargo del Gobierno, deberá reembolsar casi la mitad del dinero cobrado porque incurrió en una vulneración de la Ley de Incompatibilidades de los dirigentes de la Administración autonómica.

El informe en cuestión fue encargado redactado y pagado en 2007. Costó 11.499 euros y su autor es Xavier Marcé, quien hasta pocos meses antes de recibir el encargo era director del Instituto Catalán de Industrias Culturales (ICIC), dependiente del Departamento de Cultura. El encargo lo cursó Economía, pues se trataba de un informe que buscaba definir el papel de la cultura en el pacto para la competitividad del Gobierno catalán.

El estudio, de 50 páginas, fue considerado "idóneo" por Economía y este departamento aseguró que fue "de gran utilidad". De hecho, el informe fue escrutado meticulosamente en la auditoría encargada a tres empresas externas que, si bien halló irregularidades en el 16% de los estudios de la Generalitat, no puso objeción alguna al trabajo realizado por Marcé.

El problema no era de contenido, sino que el autor del estudio estaba afectado por la Ley de Incompatibilidades, ha concluido una investigación interna de casi ocho meses de duración.

5.000 euros

El artículo 7 de la ley reza que "los altos cargos al servicio de la Generalitat, durante los dos años siguientes a su cese en el cargo por el cual han sido nombrados no pueden acometer actividades privadas relacionadas con los expedientes en la resolución de los cuales hayan intervenido directamente en el ejercicio del alto cargo, ni suscribir, personalmente o mediante empresas o sociedades, ningún tipo de contrato de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración, los organismos, las entidades o las empresas del sector público en las que han prestado servicio".

Marcé sostiene que al dejar el cargo en el ICIC consultó con Gobernación para conocer el alcance de sus incompatibilidades futuras. "Se me dijo que debía limitarme a no trabajar para el Departamento de Cultura", asegura. Sin embargo, la investigación abierta por Economía ha determinado que el autor, sin mala intención, pudo cometer un "error vencible", es decir, que podría haber sido evitado de haber consultado más a fondo el código de incompatibilidades.

Finalmente el Departamento de Economía y Marcé han pactado una decisión salomónica. El autor devolverá, a plazos, un tercio de lo cobrado más intereses, en total unos 5.000 euros.

¿Y por qué un tercio? Fuentes del departamento explican que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que se reclame al prestatario la totalidad del dinero por un trabajo que ha sido realizado y cuyo contenido fue considerado correcto. De ahí que se haya dividido el coste del estudio en tres partes: el derivado del proceso de documentación, el de redacción y el de interpretación. Esta tercera parte será precisamente la que Marcé tendrá que devolver. El autor ha aceptado el acuerdo pese a mantener que cumplió con su obligación de consultar su grado de incompatibilidades.