La Fiscalía prevé demandar a Álava por el trato a menores inmigrantes

La Fiscalía de Vitoria tiene previsto en las próximas semanas presentar decenas de demandas, más de un centenar según fuentes jurídicas, contra la Diputación de Álava relacionadas con el trato a menores extranjeros no acompañados acogidos en el territorio. El Ministerio Público prevé realizar dos tipos de procedimientos civiles para que el juez inste al ente foral, por un lado, a que asuma formalmente la tutela de los menores para los cuales no está expidiendo el certificado de tutela al dudar de que tengan menos de 18 años; y, por otro, para que la justicia obligue a la Diputación a acoger a los menores rechazados en el centro de acogida de urgencia de Zabaltzen cuando la Policía Municipal de Vitoria les traslada al mismo.

La Diputación cuestiona la edad de pasaportes emitidos legalmente

En el primer caso, la Fiscalía considera que la Ley de Extranjería no contempla la posibilidad de realizar pruebas óseas cuando un joven presenta un pasaporte expedido en su país de origen que certifica que es menor de edad, por mucho que su aspecto físico sugiera lo contrario. Según las citadas fuentes jurídicas, el ministerio público estima que la ley no deja lugar a dudas: la normativa sólo permite realizar la prueba ósea para determinar la edad en casos en los que la persona esté indocumentada, no en los casos en los que existan dudas. Los pasaportes presentados por los jóvenes inmigrantes, salvo en unos pocos casos de falsificaciones, son documentos auténticos expedidos en sus países de origen. "¿Quién determina que lo que pone un pasaporte expedido en Senegal no es exacto? Dudar de su veracidad supondría llevar este asunto a la esfera diplomática", afirman las citadas fuentes.

Hasta que la Diputación no expide el certificado de tutela, los jóvenes no pueden acceder a los ansiados permisos de residencia. Mientras se resuelven por la vía judicial las pruebas de edad, los jóvenes siguen acogido en la red foral. Varias denuncias al respecto también han sido cursadas ante el Ararteko.

Las diferencias entre la Diputación alavesa y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria se han disparado con este asunto. La situación es compleja porque en algunos de los casos denunciables el menor ya se ha ido de la provincia y ni siquiera está localizable. La distancia entre la normativa actual y la realidad afrontada por el ente foral vendrá a añadir una brutal cantidad de trabajo para los tribunales.

La Diputación sospecha de que hasta el 80% de los menores que acoge tienen más de 18 años - "y de 19 y 20", aseguró la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, la pasada semana-. El ente foral sostiene que varios de estos documentos han sido expedidos después de la llegada de los implicados a España y que se han encontrado con casos de personas de hasta 30 años acogidos como menores.

El otro frente judicial surge tras la negativa foral a acoger menores en los centros de acogida y derivarlos a albergues del Ayuntamiento, una polémica que alcanzó su punto máximo a finales del año pasado cuando trascendió que varios jóvenes pernoctaban en centros para indigentes porque la Diputación afirmaba no tener medios para acogerles. Además de los más de 30 procedimientos penales abiertos en su momento, la Fiscalía prevé decenas de demandas civiles -gran parte de ellas sobre casos de 2009- para que el juez obligue a la Diputación a llevarles a un centro adecuado. Aunque la situación ya no es tan dramática como la de meses atrás debido a que la llegada de menores a la provincia ha disminuido, la Policía Municipal sigue informando al Ministerio Público de casos en los que jóvenes encontrados en la calle son rechazados en el centro de Zabaltzen, argumentando que está lleno.

La cuestión de los menores inmigrantes está al rojo vivo en un territorio hasta ahora desbordado por la llegada de menores -el ente foral suele recordar que Álava y sus 310.000 habitantes acoge la misma cantidad de menores que la Comunidad de Madrid, con más de seis millones-. El pasado día 5 de enero, más de 20 chavales se fugaron durante varios días del centro Bideberri en protesta por el trato recibido. Una veintena de colectivos sociales aseguró después que el ente foral ha logrado, con su política de cuestionar la edad, mandar un mensaje que ha cortado de raíz el efecto llamada que hacía de Álava un destino predilecto. En apenas unos meses, el territorio ha pasado de tener 130 menores bajo su ala a quedarse apenas con un centenar.

En Euskadi, el foco de tensión va saltando de un territorio a otro mientras algunas comunidades autónomas se resisten a habilitar recursos para estos jóvenes por el temor de verse a su vez afectadas por el efecto llamada.