Aprendices de brujo

Como es bien sabido, el Gobierno gallego ha emprendido la tarea de reformular sobre nuevas bases la política lingüística que en materia educativa había consensuado Galicia desde el inicio de la autonomía. Esa política se basaba en el acuerdo en torno a la Lei de Normalización Lingüística (LNL) de 1983 y al Plan de Normalización de 2004, desarrollado por el anterior Gobierno de la Xunta mediante el decreto de 2007.

Ese decreto fue elaborado y acordado por las tres fuerzas políticas de nuestro Parlamento. Y, tal como reflejaron los medios informativos (23-02-2007), fue saludado con ingenua emoción por los portavoces de PP, PSdeG-PSOE y BNG como "el decreto de todos" en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron para su presentación pública. En palabras de la señora López Besteiro, portavoz conservadora, merecía todo el apoyo del PP porque "garantiza el equilibrio entre las dos lenguas cooficiales" y "el respeto a la lengua materna, sea el gallego o el castellano". Según la conselleira de Educación, a la sazón Laura Sánchez Piñón, "Galicia está dando un ejemplo de que la lengua nunca debe enfrentar a los grupos políticos".

Tampoco es ocioso recordar ahora que el desarrollo de la normativa lingüística gallega fue acompañado de una ampliación sin precedentes de los recursos destinados a la educación, que se incrementaron en un 30% durante la anterior legislatura. También, por vez primera, se apostó por el plurilingüismo como un objetivo central del sistema educativo. Y por esa razón se destinaron cuantiosos recursos a la formación del profesorado, se crearon más de 800 secciones bilingües -prácticamente inexistentes con anterioridad- y se desarrolló un novedoso e igualitario sistema de becas en el extranjero para estudiantes que fue disfrutado casi por 10.000 alumnos.

Las elecciones de 2009 brindaron al PP de Núñez Feijóo la oportunidad de abandonar aquel consenso histórico y abrir la caja de Pandora de la confrontación lingüística en búsqueda de réditos electorales. Ineludiblemente también le corresponde ahora formular una propuesta y restablecer el consenso social, político e institucional que nunca debió romper. Pero el proyecto que ahora presenta se plantea como inamovible en sus principios básicos y modificable sólo en aspectos secundarios. Conviene pues, ante todo, tener claro cuáles son los principios inspiradores de la propuesta, aquellos que realmente la definen.

En primer lugar, es una propuesta que traslada de manera inaceptable, impropia de cualquier modelo democrático comparable, la responsabilidad en la elección del idioma a los padres. En línea con el ideario neoliberal más reaccionario, se elimina de un plumazo la responsabilidad del Gobierno en áreas estratégicas públicas -la educación y la cooficialidad idiomática- para depositarla en manos de la autorregulación individual.

Como ha escrito Josep Joan Moreso, catedrático de Filosofía del Derecho y rector de la Universidad Pompeu Fabra, "no es nuevo en las sociedades bilingües el que algunos propongan que la solución al problema pasa por el liberalismo clásico. Como si pudiera construirse una noción de libertad lingüística en analogía con la libertad religiosa. Es decir, neutralidad del Estado y garantía de los derechos de cada uno. Se trata de una analogía estéril". Como han establecido los expertos ya hace tiempo no es posible la neutralidad lingüística del Estado.

No conozco ningún país democrático que renuncie a esa "responsabilidad educativa" que nuestra Constitución en su artículo 27 atribuye a los poderes públicos. Estamos ante una propuesta inmanejable que traslada la disputa partidista al seno de la comunidad escolar y crea una auténtica fisura social al promover la imposición idiomática de unos padres sobre otros.

Nos encontramos, en segundo lugar, con la mágica oferta de El Dorado plurilingüe. Así, por decreto -nunca mejor dicho-, vamos a disponer de un tercio de las asignaturas en inglés en nuestros centros escolares.

¿Con qué recursos económicos? ¿Con qué recursos humanos y pedagógicos? ¿Con qué itinerarios y calendario? Es un curioso ejercicio de prestidigitación: mientras con una mano se nos muestra El Dorado trilingüe, con la otra se reducen sustancialmente los recursos para la educación, en particular en un 30% los dedicados a la formación del profesorado, y se acosa inexplicablemente a las Escuelas Oficiales de Idiomas.

No sólo es una propuesta inviable en un horizonte temporal razonable y sin parangón en ningún país del mundo. Es que, además, rompe con todas las recomendaciones científicas, que aconsejan la introducción progresiva de los idiomas foráneos.

Pero me temo que no es sólo un desatino o una frivolidad. Creo que estamos ante una cortina de humo que cumple un doble fin. Por una parte induce a un debate falso entre un objetivo por todos deseable -el dominio del inglés- que se contrapone falazmente a esta cosa, entre rústica y provinciana, de los idiomas locales. Por otra parte, la propuesta actúa como un caballo de Troya para la desprotección del gallego, lo que me conduce, por último, a la tercera cuestión central del nuevo decreto.

Porque, en efecto, la propuesta rompe con el fundamento y razón de ser de la LNL, que no es otra que asumir la necesidad de una acción afirmativa a favor del idioma cooficial en posición de desventaja, que es el gallego. La propuesta del PP asume, por el contrario, la falsa idea de un inexistente equilibrio entre los dos idiomas oficiales y, consecuentemente, promueve la desprotección del gallego y una importante regresión en relación con la LNL y con los contenidos del Plan de Normalización. El idioma es un activo patrimonial de la comunidad que lo identifica como propio y ha de desarrollarse en un ámbito de convivencia y libertad, alejado de la imposición.

Sinceramente creo que el camino emprendido de confrontación y disputa en torno al mismo, convirtiéndolo en bandera partidaria o ideológica, es y ha sido un grave error que hemos de reparar, restituyendo autocrítica y generosamente un amplio consenso social y político al servicio de la inmensa mayoría del país. Un consenso que debe volver a fraguarse en torno a los elementos normativos y planificadores que hasta ayer lo hicieron posible.

Emilio Pérez Touriño es ex presidente de la Xunta