La sustitución de Ruiz Piñeiro toma cuerpo en el seno del Poder Judicial

El bloqueo de la designación del nuevo presidente del Tribunal Superior no se prolongará demasiado. Tras casi un año de deliberaciones y arduas negociaciones entre las corrientes conservadora y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), parece que el proceso está, al fin, encaminado. Y todo a punta a la sustitución de Fernando Ruiz Piñeiro como máximo responsable. Si no surgen contratiempos de última hora, la votación se llevará cabo en el pleno que el CGPJ celebrará en Madrid el próximo día 28.

La necesidad de resolver un proceso que está minando la credibilidad del Poder Judicial late como trasfondo. El propio fiscal general del Estado, de visita ayer en Euskadi, hizo público el deseo mayoritario de la judicatura al manifestar su confianza en que el Consejo adopte una decisión al respecto "en un plazo relativamente breve de tiempo". Durante la intervención de Cándido Conde-Pumpido en el Fórum Europa de Bilbao destacó la inesperada ausencia de Ruiz Piñeiro, justificada por "compromisos previos", aunque ambos mandatarios se pudieron reunir horas después en la sede del Superior. La noche anterior, además, ya habían compartido una cena.

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Más cauta fue la única vocal peneuvista del Poder Judicial, Margarita Uria, quien eludió cualquier pronunciamiento sobre la cuestión. "Somos 21 integrantes y yo no soy quién para decidir nada en solitario", argumentó. Según se limitó a recordar, la designación del cargo "está en la agenda" del Consejo. "Está convocada la plaza, están presentados los candidatos, todos ellos con los requisitos legales correspondientes y, en algún momento, abordaremos la cuestión y la llevaremos a un próximo pleno".

Lo cierto es que las premuras no benefician al actual presidente, que sumará el próximo mes de febrero un ejercicio completo en funciones. La casualidad ha hecho coincidir en el calendario el archivo definitivo del caso Ibarretxe por parte del Tribunal Supremo. Un asunto del que Ruiz Piñeiro se convirtió en abanderado, al impulsarlo desde la Sala de lo Civil y de lo Penal del Superior vasco, y del que ha salido perjudicado en lo que imagen se refiere, pese a que ha confesado que no se siente "desautorizado".

El fallo del Supremo no es la causa principal, pero se suma a otras que han contribuido a desnivelar la balanza del lado progresista, que presenta a tres candidatos como competidores del conservador Ruiz Piñeiro: María Victoria Cinto, Manuel Díaz de Rábago y Jaime Tapia. Este último es el que más peso tiene en las quinielas. Ya se impuso en el primer proceso de elección que se celebró en marzo, aunque únicamente pudo conseguir once de los veintiún votos en juego y se quedó a sólo dos de la mayoría necesaria para su nombramiento.

A la tensa espera del segundo proceso ha contribuido el juego de intereses entre las dos corrientes del CGPJ. La presidencia del Superior vasco, de hecho, no se abordará de forma aislada, sino vinculada a distintas designaciones en otros tribunales autonómicos, varias audiencias provinciales y en algunas salas del Supremo. El retorcido juego de intereses entre conservadores y progresistas, al que no es ajeno la política, se centra en Euskadi, Cataluña y Valencia. Con el caso Gürtel de fondo, a los primeros les urge mantener su liderazgo en tierras levantinas. Hasta el punto de que estarían dispuestos a ceder piezas de contrastado peso en el intercambio.

Su mandato en Cataluña, sin embargo, no parece que corra riesgo tras la reconocida gestión de Maria Eugènia Alegret, valorada incluso por la oposición progresista. Así las cosas, el puesto de cambio para estos últimos podría ser la presidencia del Superior vasco. Tras la llegada del PSE al Gobierno, Euskadi ha dejado de ser la plaza irrenunciable que para los jueces conservadores fue durante los mandatos del PNV y especialmente en la última etapa soberanista de Ibarretxe. Además, estos últimos llevan el peso de la Sala de Gobierno.

La decisión final corresponde a los veinte vocales del Consejo y a su presidente. Nueve son de ideología conservadora y otros tantos progresistas, a los que se unen los dos nacionalistas designados por CiU y PNV.