Un millonario menorquín lega la mitad de su fortuna a los Príncipes
La herencia del empresario Juan Balada asciende a decenas de millones
El empresario e inversor menorquín Juan Ignacio Balada Llabrés, fallecido el pasado 18 de noviembre y la mayor fortuna personal de Ciutadella, designó herederos a los Príncipes de Asturias y a los ocho nietos de los Reyes, según se ha sabido al ser abierto su testamento en una notaría de Menorca.
Los Príncipes no habían mantenido nunca contacto con Balada ni habían recibido información sobre él hasta que un notario les informó a finales del pasado diciembre de lo dispuesto en el testamento, según fuentes de la Casa del Rey.
Balada, hijo único del empresario Ramón Balada y la farmacéutica Catalina Llabrés, soltero y sin descendientes, decidió que, a su muerte, su fortuna se repartiera en dos mitades iguales: una, para dotar una fundación de interés general bajo la tutela de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, y la otra para beneficio de los Príncipes y los nietos de los Reyes. Un portavoz de la Casa del Rey precisó ayer que los servicios jurídicos están estudiando el caso y que, inicialmente, el Príncipe sí está dispuesto a responsabilizarse de escoger un destino social para la cantidad dedicada a la fundación de interés general. En todo caso, añadió la misma fuente, los Príncipes desconocen la cuantía de los bienes donados, su valoración, su naturaleza y si hay familiares que deseen reclamar derechos en relación con ellos. El portavoz advirtió además de que el proceso a partir de la notificación notarial de la herencia será "complicado y muy largo".
Balada tenía dos primas hermanas con las que compartía la titularidad de varios de los inmuebles que poseía en Ciutadella. El patrimonio del empresario incluye fincas rústicas y urbanas, una farmacia modernista, considerables inversiones bursátiles y activos en otros países, con un valor estimado de varias decenas de millones de euros. El inversor era dueño y administrador único de una sociedad con un capital de 8,6 millones de euros.
En 1999, la Administración Tributaria le reclamó el pago de 36.000 euros por deudas fiscales y en ejercicios anteriores acumuló retrasos por impago de impuestos patrimoniales, en cuatro anualidades, por un importe medio de 18.000 euros en cada una de ellas, según consta en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
La portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Parlamento de Cataluña, Laia Ortiz, pidió a la Casa del Rey que acepte la herencia multimillonaria y que la dé al Estado para desarrollar más políticas sociales. "Ya que todos los ciudadanos mantienen la Casa del Rey con sus impuestos, es de recibo que ahora que tienen la posibilidad de heredar una gran fortuna de Ciutadella, retornen este dinero al Estado", añadió la parlamentaria de ICV.
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