El Congreso oirá la opinión de las asociaciones militares sobre la ley de Derechos y Deberes

El Congreso llamará a las asociaciones militares para que puedan opinar sobre el proyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, que regulará por primera vez en España el asociacionismo militar. Éste es el propósito de la práctica totalidad de los grupos políticos, desde el PSOE al PP, pasando por IU y CiU, que el pasado miércoles conocieron, de boca de la ministra Carme Chacón y de altos cargos de su departamento las líneas maestras del borrador.

Se da la circunstancia de que las asociaciones militares, a las que la futura ley reconocerá por vez primera la condición de interlocutoras para abordar los asuntos de personal de las Fuerzas Armadas, no han sido oídas en su elaboración. Mariano Casado, secretario general de la Asociación Unificada de Militares (AUME), mostró ayer su satisfacción por la posibilidad de poder exponer sus puntos de vista a los parlamentarios y recordó que, hasta ahora, su asociación nunca ha sido recibida por responsables de Defensa. Chacón entregó a los portavoces parlamentarios un documento en el que diseña los dos nuevos órganos que creará la ley: el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Observatorio de la Vida Militar. Este último -encargado de "realizar análisis y estudios sobre la vida militar (régimen de personal y condiciones de vida)", además de remitir un informe anual a las Cortes- estará compuesto por siete personas de prestigio (civiles o militares en la reserva) a los que elegirá el Parlamento por un periodo de cinco años; superior, por tanto, a una legislatura. Mucho menos concreto es el documento respecto al Consejo de Personal, que será "el órgano de intermediación entre la Administración y las asociaciones militares". Defensa rechaza, en todo caso, que sus miembros sean elegidos por sufragio universal entre los militares, como sucede en la Guardia Civil. Todos los grupos apoyan la tramitación del proyecto, que ya lleva siete años de retraso, aunque la mayoría se reserva su opinión definitiva hasta conocer el articulado. Defensa quiere que la ley se apruebe a lo largo de este año, lo que obligará a remitir el proyecto a las Cortes antes del verano.