Pulso de la Generalitat a Hollywood

"¿No querías caldo? ¡Pues dos tazas!". Luis Hernández de Carlos, presidente de Fedicine, resume así la reacción de estupefacción de distribuidores y exhibidores ante el texto del proyecto de ley del cine de Cataluña que aprobó ayer el Gobierno catalán. Si ya fue polémico el anuncio de que se obligaría a doblar o subtitular en catalán la mitad de las copias de películas estrenadas en más de 15 pantallas, el texto aprobado ayer es aún más radical: casi todas las películas deberán tener la mitad de las copias en versión catalana. Sin contar la exención de los filmes en castellano o en catalán, la única excepción son las películas europeas. En este caso, se obligará a doblar al catalán sólo los filmes con más de 15 copias, pero en cambio sí deberán tener versión catalana todas las que opten por la subtitulación.

La misma obligación de ofrecer versión catalana se extenderá a la distribución en formato DVD. Es decir, si la ley obligaba al filme a tener versión catalana, éste deberá distribuirse en Cataluña con una pista en su menú lingüístico que incluya este idioma.

El Gobierno catalán parece dispuesto a sostener hasta el límite el pulso que mantiene con las grandes distribuidoras estadounidenses. De momento nadie cede y la tensión sube por momentos. El pasado diciembre, en un intento desesperado de frenar la ley, exhibidores y distribuidores presentaron como alternativa la creación de una red de cine en catalán integrada por 53 pantallas para cuya puesta en marcha exigían que los gastos corrieran a cargo de la Generalitat. En caso contrario amagaron con reducir el número de copias que estrenarían en Cataluña para eludir la cuota de doblaje.

La contestación del Departamento de Cultura, en manos de Esquerra Republicana de Catalunya, ha sido rápida. En el proyecto de ley aprobado ayer se ha eliminado la exención de las 15 copias para las películas estadounidenses, el 80% del cine que se ve en Cataluña, para evitar el boicoteo. Ayer, sin embargo, en boca de los exhibidores la amenaza subió de tono. "Las majors no doblarán por imposición y eso quiere decir que no llegarán películas americanas a los cines y, de rebote, eso supondrá la pérdida de espectadores, el cierre de salas y el despido de trabajadores", afirmaba ayer Camilo Tarrazón, presidente del Gremio de Cines de Cataluña.

El presidente de Fedicine, organización que agrupa a la mayoría de las majors estadounidenses, reconoció esta posibilidad. "De momento nadie se pronunciará tan claramente, pero intuyo que habrá dificultades y muchas distribuidoras optarán por no doblar y estrenar, en todo caso, en versión original", indicó. "Es una cuestión de principios, no podemos abrir la puerta a que otros pidan lo mismo. Se pueden llegar a acuerdos de doblaje, como hasta ahora, pero aunque se respete la ley no se aceptará la imposición".

Los principios son, pues, el quid de la questión. Ayer, en la presentación del acuerdo de gobierno, el consejero de Cultura, Joan Manel Tresserras, dejaba claro que están dispuestos a asumir el papel de pioneros. "Esta ley quiere cambiar el estado de cosas que hay ahora y eso afecta no sólo a Cataluña, sino a otras comunidades que tienen el mismo problema", afirmó. "No sólo queremos facilitar el derecho de los ciudadanos de Cataluña a elegir el idioma en que quieren ver el cine, sino también promover una mayor calidad y diversidad cultural en los productos".Tresserras confía en que la sangre no llegará al río y las majors acabarán doblegándose. Argumenta que, según los datos que maneja, Cataluña tiene más espectadores de cine en cifras globales (23,9 millones en 2007) que Finlandia (6,6), Holanda (22,1) o Dinamarca (12,1). "En estos países, con un mercado menor, las distribuidoras no tienen ningún problema en doblar en el idioma de cada lugar, ¿por qué no en Cataluña?".

Para Luis Hernández de Carlos, este razonamiento no es válido. "Esta ley tendrá tres tipos de víctimas: primero los exhibidores, que serán los más perjudicados; después los distribuidores independientes, que verán peligrar buena parte de su negocio porque el mercado catalán les supone entre el 20% y el 25% de su mercado, y por último las grandes multinacionales. Pero para ellas España supone sólo el 4% de su recaudación en cines, y de esto Cataluña es sólo una parte. Al final perderán como mucho entre el 0,9% y el 1,2%. Preferirán esta pérdida a ceder ahora en Cataluña y tener después que asumir mayores gastos si el ejemplo se extiende".

Los exhibidores están convencidos de que esta amenaza se cumplirá y la mayoría de las majors decidirán no estrenar en Cataluña. Para Tarrazón, es absurdo pensar que el Gobierno catalán podrá ganar el pulso a unas multinacionales que, dice, "están dispuestas a mantener pulsos más duros con gobiernos como el chino". En opinión del presidente del gremio, que agrupa a 91 cines con el 81% de la cuota de mercado de Cataluña, la situación es "dramática".

"De momento intentaremos explicar a los grupos parlamentarios que se tiene que modificar la ley, y si no se consigue, recurriremos a todas las medidas legales posibles, tanto a nivel español como europeo, para que no pueda aplicarse", afirmá Tarrazón. La batalla, en la que exhibidores y distribuidores van de la mano, ha comenzado, pero la guerra puede durar seis largos meses. El proyecto de ley entrará por el procedimiento de urgencia en el Parlament, que podría aprobarlo en junio. El Partido Popular y Ciutadans ya han anunciado enmiendas a la totalidad. CiU está de acuerdo en el fondo, pero es remisa a las imposiciones y pedirá acuerdos con el sector.

En el tripartito de momento hay cohesión, pero ayer mismo se añadió un punto nuevo, precisamente en el polémico artículo 18 del doblaje, que abre la puerta a que "se podrán establecer acuerdos sectoriales para desarrollarlo". Ni siquiera ERC es contraria a asumir la mayor parte del coste. El problema es que, hoy por hoy, el pulso no es económico, sino ideológico. Y nadie cede.