Negociación para liberar a Carrascosa

El juez de Nueva Jersey Donald Venezia dejó una puerta abierta a la valenciana María José Carrascosa cuando leyó su condena de 14 años de cárcel el pasado 23 de diciembre: le dijo que podría reconsiderar la sentencia si su hija Victoria volvía a territorio estadounidense y el padre podía verla de nuevo. Sobre esta base están ahora negociando Javier Pérez Roldán -el abogado español de su ex marido, Peter Innes-, y Marcos García Montes en representación de la familia Carrascosa. La fiscal de menores de Valencia, Gema García, también interviene en las conversaciones.

Las bases del posible pacto están claras para las partes: la custodia de la niña para la madre (que la podría ejercer en España) y un régimen de visitas para el padre como requisito para pedir la libertad de Carrascosa. Un problema que existe para que el norteamericano Peter Innes viaje a Valencia a realizar cualquier trámite es que la familia Carrascosa le ha demandado en varias ocasiones, pero ellos se comprometerían a retirar los cargos presentados en los juzgados españoles para que no tenga problemas. El único punto sobre el que no hay acuerdo es cómo -y, sobre todo, en qué país, si en España o en EE UU- van a empezar a llevarse a cabo las visitas entre padre e hija. Ahí ha encallado la negociación.

Las partes están de acuerdo en que la niña viva en España con su madre

La familia Carrascosa propone que Victoria vea a su padre primero en Valencia

Su ex marido, Peter Innes, quiere que la menor viaje a EE UU como dijo el juez

Los parientes de la española convocan una manifestación para el domingo 24

Carrascosa, de 44 años, fue condenada en diciembre por nueve delitos: uno de desacato y ocho de interferencia en la custodia de su hija. Llevaba ya más de tres años de prisión preventiva por haber trasladado a la menor de EE UU a España sin permiso del padre, norteamericano. La justicia española le había dado la custodia de la niña a ella. En EE UU, donde nació Victoria, habían dado la razón al padre y dispuesto que la menor debía regresar al lugar donde nació y se crió.

Ambos países han firmado la Convención de La Haya para dirimir estos conflictos, pero no la aplicaron de la misma forma. María José viajó a EE UU con sus sentencias en la mano, para enseñarlas a los jueces norteamericanos, y no volvió más. Fue encarcelada el 21 de noviembre de 2006.

La familia Carrascosa propone ahora que, antes de cualquier viaje a EE UU, el padre vea a la niña una o dos veces en España. Lo que ofrece en principio (aunque María José tendría que dar su visto bueno final) es lo siguiente: una primera fase de visitas entre Innes y su hija en Valencia, supervisada por psicólogos de un Punto de Encuentro Familiar; una segunda fase de visitas en EE UU, quizá con intervención de algún tercero cercano a la familia Carrascosa, bajo supervisión del cónsul español y alguna autoridad norteamericana; y una tercera fase de visitas entre padre e hija en EE UU.

El problema es la primera etapa de transición. Peter Innes acepta todo tipo de intervención de psicólogos, servicios sociales o mediadores en los primeros encuentros con su hija, pero siempre que sea en EE UU. Quiere que la niña regrese al país donde nació. "Fue la condición que impuso el juez para reconsiderar su decisión", argumenta. "Visitar a Victoria en Valencia no solucionará el problema. Cualquier duda sobre su bienestar puede dilucidarse a través de los tribunales de Nueva Jersey, que mantienen su jurisdicción sobre mí y sobre mi hija".

Innes insiste en que lleva ofreciendo esta solución (la custodia para la madre en España y un régimen de visitas para él) desde el principio del proceso judicial y que cree que es la más adecuada. "Es la única solución", señala. "Siempre lo he dicho: quiero que mi hija Victoria tenga padre y madre". Desde su divorcio, Innes ha rehecho su vida. Se volvió a casar, tiene una nueva familia y su empresa de publicidad.

La familia Carrascosa dice que el padre, si hubiera tenido interés, podría haber visto a la niña en España. La tutela de la menor la tiene en estos momentos la Generalitat valenciana, y Victoria vive con sus abuelos maternos en régimen de acogimiento. "Si de verdad hubiera querido verla, podría haberlo tratado con la Generalitat o con el juez y no hubiera habido ningún problema", dice un miembro de la familia.

Para Innes, los viajes a España han sido dolorosos. Asegura que la última vez que vio a su hija, en 2006, ésta le dijo: "No quiero volver a verte". Considera que la justicia de EE UU le ha dado la razón y no quiere arriesgarse de nuevo a implicar a las autoridades españolas.

¿Por qué no acepta la familia Carrascosa que la niña viaje a EE UU? "No va a ir a ese país mientras su madre esté en la cárcel", señala la hermana, Victoria Carrascosa. "No vamos a hacerle eso. Lo mejor para ella es ver al padre primero en Valencia". En las próximas semanas se verá si un acuerdo es posible o no. Mientras tanto, la familia de María José ha convocado una manifestación en Valencia para el domingo 24 de enero, para pedir la implicación de las autoridades y la sociedad españolas.

Si se alcanzara un pacto, éste tendría que recibir el visto bueno del juez Donald Venezia, el único que puede rebajar la pena a María José. Y él ha expresado que, para ello, previamente deberá ver a Victoria Innes ante él.

Carrascosa puede aún recurrir la condena, pero eso prolongaría aun más su estancia en la prisión de mujeres de Clinton, donde se halla, ya que hasta que la sentencia no sea firme no puede solicitar cumplir la pena en su país de origen.

En España y en otros países europeos hubiera sido impensable una condena de 14 años por un caso parecido. La sustracción de menores por parte de los padres se castiga en España con pena de dos a cuatro años; en Italia, la sanción es de uno a cuatro; en Francia, la pena máxima es de tres años y en el Reino Unido, de siete. Pero las condenas de cárcel son muy poco habituales.

Los juristas norteamericanos consultados, sin embargo, no ven nada raro en la condena aparte del hecho de que Carrascosa viajó a EE UU voluntariamente sabiendo que estaba buscada por la justicia, lo que sí es poco habitual. Explican que la pena podría haber sido mucho peor, de hasta 80 años de cárcel. El magistrado finalmente impuso siete por el desacato y otros siete por los otros delitos de secuestro. "La decisión del juez es plausible", explica Jeremy D. Morley, uno de los abogados más reputados de EE UU en legislación internacional matrimonial y parental. "La madre decidió no cumplir con las órdenes de la justicia norteamericana. Estados Unidos es un país regido por leyes y no por deseos individuales. La madre hizo de un caso sencillo una complicación tremenda, de dimensiones internacionales".