Caballero pedirá la paralización cautelar de la Lei de Caixas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, dio ayer un paso más en su oposición a la hipotética fusión de las dos cajas de ahorros gallegas. En su recurso judicial contra la Lei de Caixas, anunciado el pasado lunes, pedirá la paralización cautelar de la norma (publicada ayer mismo por el Diario Oficial de Galicia) con el argumento de que "el daño es irreversible". El alcalde vigués citó además, en defensa de su iniciativa, el precedente de Madrid, donde su alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, solicitó esa suspensión cautelar "por un motivo análogo" y los tribunales se la aceptaron.

El portavoz del PP de Vigo, José Manuel Figueroa, atribuyó esta actitud del alcalde a fines puramente electoralistas para tapar la gestión de "su nefasto gobierno" y le acusó de "confundir a la opinión pública", ya que la futura caja mantendrá sus órganos de poder "vinculados a Vigo". También el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy, reprochó ayer las críticas a la nueva ley de cajas, que, según dijo, evita "el monopolio de los grandes ayuntamientos" y mantien la reserva de un tercio en los pequeños. El Ayuntamiento de Vigo, añadió Puy, tendrá representación en la asamblea general de Caixanova a través de dos vías: como entidad fundadora, con ocho miembros, y como corporación local, en función de los depósitos, con cuatro o cinco miembros más.

La publicación de la ley abre la renovación de los órganos directivos

Caixanova, por su parte, mantiene invariables sus planes de caminar en solitario como alternativa a una fusión con Caixa Galicia pese a que su consejo de administración y su presidente, Julio Fernández Gayoso, ejercen desde ayer en funciones, al igual que los de Caixa Galicia. Con la entrada en vigor de la Lei de Caixas,comienza la cuenta atrás para la renovación de los órganos de administración y las asambleas de las dos cajas gallegas, proceso para el que se establece un plazo de dos meses. A la espera del resultado de la auditoría de compra, encargada por la Xunta para evaluar técnicamente la conveniencia de la fusión, la posición de Caixanova "sigue siendo la misma", señalaron ayer fuentes próximas a la entidad.

Los servicios jurídicos de la entidad analizan el nuevo marco legal para poder defender su estrategia, con la previsión de presentar recursos individuales a la nueva ley por parte de los consejeros. El Ministerio de Economía también mantiene prudencia antes de evaluar la conveniencia de recurrir la ley, explícita en lo relativo a la renovación de los órganos de gobierno. La transición tendrá su principal eje en los representantes de impositores y empleados, ya que podrán permanecer un año más en el cargo si no incurren en supuestos de cese.

El control de la obra social, según la nueva ley, no sólo llegará a las dos cajas, sino a todas las entidades de ahorros que cuenten con oficinas en Galicia. Estas entidades deben dedicar a obra social en territorio gallego un presupuesto equivalente, como mínimo, a la parte proporcional de recursos captados en esta comunidad. La Consellería de Facenda también velará para que la acción social de esas cajas se adapte "a las necesidades gallegas".