Controladores en baja

El Gobierno acusa a los controladores aéreos de estar llevando a cabo una huelga encubierta con la vista puesta en la negociación de su nuevo convenio colectivo, que debería sustituir al vigente desde 2004 y prorrogado desde entonces año tras año bajo la amenaza de graves perturbaciones durante las fechas de mayor tráfico en los aeropuertos. El endurecimiento del tono por parte del Ejecutivo es una respuesta a los problemas que han experimentado los vuelos con origen y destino en Canarias durante los últimos días, causados por la falta de controladores. Como otros años en estas mismas fechas, y siempre con el horizonte de la renegociación del convenio, una concentración de bajas médicas ha impedido cubrir los puestos de trabajo necesarios para regular el tráfico aéreo de las islas.

El simple hecho de que los controladores prefieran un convenio con cinco años de antigüedad antes que negociar uno nuevo demuestra hasta qué punto este colectivo goza de una situación laboral de privilegio, sin equivalente en el entorno europeo ni en otros ámbitos de actividad. Al mismo tiempo, es prueba de que los propios controladores son conscientes de que la situación de la que gozaban antes de la contracción del sector del transporte aéreo, que comenzó tras los atentados del 11 de septiembre, no puede prolongarse por más tiempo, y prefieren, por tanto, seguir rigiéndose por el documento de 2004. Pero en estos momentos no es ya una opción, entre otras razones porque no es aceptable que un colectivo pueda mantener a un país en jaque para seguir obteniendo ventajas laborales.

Los controladores españoles se han convertido en una onerosa excepción con respecto a sus colegas en el resto de los países europeos. Su hora de trabajo es la más cara de la Unión, mientras que su productividad es la más baja. Y el coste de este colectivo para el Estado duplica en términos absolutos el de Francia, pese a que la plantilla de los controladores españoles es significativamente menor. Una de las razones que permiten explicar estas disparidades es que, a diferencia de lo sucedido en Francia o en Estados Unidos, los sucesivos Gobiernos de nuestro país han terminado siempre por contemporizar con las exigencias del colectivo. Y el resultado es que las tasas aéreas de los aeropuertos españoles son de las más altas del mundo y que el servicio está permanentemente bajo amenaza.

La huelga es un derecho del que no puede excluirse a ningún trabajador. Pero es un derecho que, aun a falta de una ley que lo regule, no puede llevarse a cabo por procedimientos fraudulentos. Y esconderse detrás de una multiplicación de bajas médicas para dejar sin cubrir los puestos que garanticen el normal tráfico aéreo es uno de ellos. El Gobierno debería contar con pleno respaldo para corregir una situación de privilegio en un sector vital que no sólo es inadmisible, sino que utiliza a los ciudadanos como rehenes para perpetuarse.